Hace algunas semanas, profesionales de la salud emergieron públicamente anunciando que comenzarían a cobrar un copago por encima de los valores que se estipulan mediante el régimen tradicional de las obras sociales y las coberturas médicas.

Este reclamo comenzó debido a los bajos honorarios y tardanza por parte de las prestadoras en las transferencias. La demora provoca una pérdida en el poder adquisitivo y es por ello que los actores y actrices del sistema de salud adoptaron la medida de manera unilateral.

Una de las entidades gremiales que salió al cruce de la de decisión de los médicos/as es la Federación de Trabajadores de la Alimentación, conducción que durante el fin de semana visitó la CGT Córdoba.

“El movimiento obrero rechaza de forma categórica y contundente la actitud de entidades que aglutinan a distintas asociaciones profesionales y prestadores de salud que modifican unilateralmente las formas y condiciones de pago, perjudicando a las y los trabajadores y beneficiarios de las obras sociales”, sentenciaron desde la federación que lidera Héctor Moricillo.

El dirigente gremial, con el aval del consejo directivo, instó al Estado nacional a darle intervención a un caso que si bien puede ser un reclamo legitimo por parte de los profesionales de la Salud, daña el sensible momento de los bolsillos de los trabajadores argentinos y afiliados a las obras sociales, en este caso sindicales.

La federación que aglutina a los gremios del sector Alimentación sugirió que se realice mediante la AFIP y el Ministerio de Salud con el objetivo de “poner freno a este accionar artero e ilegal que además incumple convenios firmados para evitar el cobro de adicionales”.

“Reclamamos a los prestadores que retornen el camino del diálogo y la negociación”, exigieron desde la entidad sindical, anunciándose en estado de alerta en todo el país.