En el marco de la crisis que atravesamos los trabajadores de seguridad y los sistemáticos incumplimientos de las empresas a las leyes laborales y el convenio de trabajo, donde algunos empresarios del rubro siguen sosteniendo inmutablemente su postura de que nada cambie, jugando irresponsablemente a través de “lobos solitarios” que operan en contra de los trabajadores, que con una avaricia voraz, resisten cualquier intento de ceder una parte de sus millonarias ganancias en beneficio de sus empleados, quienes tienen sueldos por debajo de la línea de la pobreza, y no solo se niegan a cumplir con un convenio colectivo acordado con un sector gremial que durante décadas entregó los derechos laborales y confeccionado a la medida de ellos, sino que pretenden flexibilizarnos cada vez más, hipotecándonos el presente y también el futuro como lo hicieron al firmar los acuerdos preventivos de crisis bajo el artículo 223 de la LCT, acuerdo inconstitucional que pone en riesgo las jubilaciones futuras de los trabajadores.

Resulta digno de análisis el instinto autodestructivo de esta parte del sector empresarial, quien resiste férreamente ceder los derechos que les corresponden a los trabajadores, pero demuestra una debilidad extrema hacia sus pares que, aún generando una competencia desleal entre ellos, observa pasivamente la aniquilación de la actividad.

Lejos de ser un sector empresarial responsable que apunta al crecimiento de la actividad generando empleo de calidad, una parte de CAESI y sus socios han dedicado algunos de sus flamantes 50 años a consolidar un estrato laboral precarizado donde lo único valioso es facturar a costa de exprimir al máximo al trabajador. Para montar una empresa de seguridad no es necesario invertir un capital costoso que genere producción, por eso los márgenes de ganancias son superiores a cualquier otra actividad, y así fueron propiciando la proliferación de empresas "low cost", a cuyo personal se le niegan en muchos casos los derechos básicos de cualquier trabajador, reciben escasa o nula capacitación y en esas condiciones son enviados a cumplir una tarea que, delegada en manos privadas, corresponde a entes profesionales del estado.

Los trabajadores no podemos permitir que la irresponsabilidad de este sector empresarial dilapide nuestras fuentes laborales. No podemos permitir que pretendan seguir flexibilizándonos y que sigan apostando a qué la actividad continúe como hace 50 años, o que sigan financiando a sectores gremiales que durante casi 4 décadas fueron socios en detrimento de los trabajadores. No podemos permitir un sector empresario que lo único que le interese del futuro sean las nuevas tecnologías que le permitan reducir costos reemplazando trabajadores por máquinas.

Desde el Bloque Nacional de Seguridad, Christian López y Leónidas Requelme adelantan que de concretarse está marcha, no será ni la única ni la última: “marcharemos todas las veces que sean necesarias para que esta situación se destrabe antes de fin de año y por el reconocimiento del trabajo esencial que desarrolló la seguridad privada durante la pandemia, exigiendo una suma económica en concepto de bono para los trabajadores de la actividad.”, explicaron. Por todo esto marcharemos, por un empresariado responsable que esté a la altura de las exigencias de la ley y de los trabajadores.