El informe, que incluye datos salariales provinciales, los conflictos gremiales registrados en 2025 y los resultados de la segunda Encuesta Nacional de Salud Laboral en el Poder Judicial, con más de 4.000 trabajadoras y trabajadores encuestados, expone “la fragmentación salarial del Poder Judicial argentino y la necesidad urgente de una negociación colectiva nacional que establezca un piso mínimo digno en todo el territorio”, según afirmó el secretario general de la FJA, Matías Fachal. 

El mapa de la situación muestra que solo en nueve jurisdicciones —entre ellas la región patagónica, el Poder Judicial de la Nación/Federal y el de la Ciudad de Buenos Aires— el salario de ingreso supera la línea de pobreza. En los restantes 15 distritos, que incluyen provincias como La Rioja, Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos y Buenos Aires, el sueldo inicial no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo. 

Además del aspecto salarial, el informe pone el foco en la salud laboral: una proporción considerable de los trabajadores judiciales reporta haber adoptado posturas incómodas de trabajo, padecer trastornos del sueño, dolores musculares o sentirse tensionado, nervioso o de mal humor de forma habitual. En el primer relevamiento citado, por ejemplo, el 33,69 % de los encuestados decía sentirse “agotado, tensionado, nervioso, de mal humor”. 

“En más del 60 % de las jurisdicciones del país, el sueldo inicial de un trabajador o trabajadora judicial está por debajo de la línea de pobreza. Esta realidad expone la fragmentación salarial del Poder Judicial argentino y la necesidad urgente de una negociación colectiva nacional que establezca un piso mínimo digno en todo el territorio”, sostuvo Fachal. 

Desde la FJA advierten que la solución no pasa únicamente por ajustes aislados en algunas provincias, sino por el establecimiento de un convenio colectivo de trabajo para el ámbito judicial que garantice la equidad salarial y condiciones de trabajo dignas en todo el país. Sin ese marco, dicen, “la situación se vuelve insostenible para quienes ingresan al sistema judicial y trabajan a diario al servicio de la justicia”. 

Para quienes trabajan en tribunales, juzgados o áreas conexas del Poder Judicial, este informe no solo representa una alerta salarial sino también una llamada a visibilizar las condiciones de trabajo y salud que muchas veces quedan en segundo plano. El desafío de fondo es que la equidad y la dignidad laboral de más de 35.000 afiliados de la FJA —y muchos otros que no están afiliados— dejen de ser tema de informes para convertirse en políticas concretas.