Matías Moreno

El Gobierno y la oposición cooperativa se conjuran para buscar un acuerdo y lograr la aprobación de la nueva versión de la ley “bases”, con el fin de evitar el drama vivido por el oficialismo en febrero y dar una señal a los mercados y posibles inversores en el exterior sobre la sustentabilidad jurídica y política del programa de Javier Milei. Sin embargo, la Casa Rosada aún no logra atar los cabos sueltos de la negociación ni despegar las dudas de los bloques dialoguistas en el Congreso que tienen la llave, junto a los gobernadores, para lograr la sanción de las reformas del Presidente.

Uno de los obstáculos que empantana el trámite es la decisión de los jefes parlamentarios del radicalismo de incluir en el proyecto de reforma laboral la eliminación de la obligatoriedad de las “contribuciones solidarias” -una de las principales fuentes de recursos de los gremios-, que surgen de los convenios colectivos de trabajo (CCT).

La inserción en la iniciativa del capítulo que ataca el financiamiento de los sindicatos puso en pie de guerra a los jefes de la CGT, quienes habían aceptado concurrir la semana pasada a una reunión en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en un gesto orientado a reencauzar el diálogo con el Gobierno y sellar una frágil tregua. A lo largo de conversación, Santiago Caputo, el estratega político y comunicacional del Presidente, dejó muy en claro que Milei estaba dispuesto a firmar un armisticio. Caputo, el custodio de la identidad libertaria, se mostró comprensivo y pragmático ante Hugo Moyano y los “gordos”. Es más, sugirió que el gobierno cometió un error al haber incluido modificaciones en los aportes solidarios en el decreto 70/2023, un fragmento que fue frenado por fallos judiciales del fuero laboral, sin haber consensuado previamente con los sindicatos esa modificación sensible a la normativa.

En un giro conciliador, debido a la urgencia por garantizarse un éxito legislativo y reducir el nivel de conflictividad social, Caputo y el resto de los colaboradores estrechos de Milei abrieron la puerta a consensuar con la CGT la letra chica de la reforma para evitar los sobresaltos permanentes. De hecho, les adelantaron a los popes de la central obrera que habían definido darle a la UCR un rol clave: ser el rostro de la presentación de la modernización laboral. ¿Un gesto para darle centralidad y premiar a los radicales por su colaboración legislativa o una trampa encubierta para que paguen el costo político? “Milei tiene un poco de picardía y es hábil para comunicar”, concede un dirigente relevante de la UCR.

Idas y vueltas

La cúpula sindical estaba al tanto del proyecto que preparaban los senadores de la bancada de la UCR, a cargo del correntino Eduardo Vischi. Ese texto planteaba tres ejes centrales: un fondo de cese laboral a cambio de las indemnizaciones, para reducir la conflictividad y “aliviar las cargas” de las pymes; la modificación de las multas de la ley 24.013; y la ampliación de tres a seis meses el período de prueba antes del primer contrato. El borrador de la iniciativa pensada por los senadores radicales circuló entre los altos mandos de la CGT y cosechó adhesiones. Esa versión era digerible, ya que no tocaba el financiamiento de los sindicatos. Incluso los jerarcas gremiales aventuraban que podría tener el aval del PJ y que el espíritu del texto estaba en sintonía con el último planteo público de Cristina Kirchner sobre la necesidad de una reforma laboral.

El miércoles último, la plana mayor de la CGT se retiró de la Casa Rosada con una sensación de alivio, pese la desconfianza que impera en el vínculo con los libertarios. Estaban convencidos de que el Gobierno no avanzaría contra las cajas sindicales y que tomaría el proyecto de los senadores del radicalismo. No obstante, menos de 24 horas después de la cumbre con Posse, Francos y Caputo, una rama interna de la UCR movió sus fichas y presionó para correr por derecha a Milei.

Fueron Rodrigo de Loredo, conductor del bloque, y otros quince diputados de la UCR quienes empujaron para incluir el artículo sobre la eliminación de los “aportes solidarios” obligatorios en el proyecto unificado de la UCR que le presentaron el jueves pasado a Posse, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

En las últimas reuniones, cuando retomaron el diálogo con el Congreso para reflotar la ley bases y el pacto fiscal, Francos y Posse les habían dicho a los radicales que preferían que la iniciativa no se inmiscuyera en el tema de los recursos sindicales porque el Gobierno estaba tratando de acercarse a la CGT para recomponer el vínculo. Fue después de que De Loredo planteara que la reforma laboral era prioritaria para el país por la crisis económica. Como en el caso del tabaco, los emisarios de Milei se escudaron con que ahora requerían avanzar con los puntos neurálgicos de las reformas y evitar discusiones que embarren el escenario.

En síntesis, Milei y sus negociadores concedieron que fuera la UCR el espacio que impulsara la reforma laboral, pero recomendaron una modificación crucial para evitar el choque con la CGT. ¿Quién se haría cargo de la autoría intelectual de la versión light que conformara al gremialismo o el PJ? Esa es la discusión de fondo.

Los representantes de la UCR durante la reunión marzo en la Casa Rosada interpretaron el mensaje, pero optaron por no atender el pedido y sumaron el tema de los aportes solidarios. Es ahora o nunca, razonaron.

El jueves, los gremialistas se enteraron a través de los medios que el proyecto que la UCR ponía sobre la mesa, finalmente, contemplaba la eliminación de los aportes “obligatorios”. Lo sintieron como una estocada por la espalda. Y esa fue una de las razones que los empujaron a apurar la convocatoria al paro del 9 de mayo. Como ocurrió cuando Milei publicó el DNU 70/2023, que fue frenado por la justicia laboral, sienten que su representación y recaudación corren riesgo.

En rigor, los referentes de la UCR llegaron al encuentro del jueves con Posse en Balcarce 50 con un texto aggiornado, que aglutinaba los puntos primordiales de la iniciativa impulsada por Vischi y los radicales de la Cámara alta y las propuestas del scrum del bloque de De Loredo. En la Cámara baja se impuso la postura más belicosa: loe diputados forzaron a revisar la versión conciliadora del Senado.

Si bien el texto final de la UCR retoma la base de las medidas que incluyó Milei en el DNU, los diputados radicales apostaron por una redacción más osada que sus correligionarios en el Senado. Y concordaron incorporar la “eliminación” de la contribución obligatoria -los aportes “solidarios”- que emanan de los convenios colectivos de trabajo para garantizar la libertad sindical. “La UCR propone que la cuota sea voluntaria”, aclaran fuentes del bloque del Senado. Vischi y los senadores radicales se habían inclinado por no incluir el tema del aporte solidario para hacer un proyecto “más viable” y que tuviera mayores chances de ser aprobado.

“La reforma laboral es una cuestión fundamental. Nosotros presentamos un proyecto en el que vamos por más que lo propuesto por el oficialismo. Creemos que hay que meterse con el financiamiento de los sindicatos, no podemos tener contribuciones forzosas”, puntualizó ayer Alejandro Cacace, secretario parlamentario de la UCR, en diálogo con Futurock.

El mega decreto de Milei, que ideó Federico Sturzenegger, establece que el empleador no está obligado a cobrar retenciones sobre el salario del trabajador de cuotas, aportes o contribuciones por ser afiliados a asociaciones sindicales, a menos que exista un consentimiento del empleado.

En el Gabinete de Milei admiten que la idea es retirar la cuota sindical del capítulo laboral, aunque no descartan poner un tope a las contribuciones. Saben que tienen tiempo para intentar desactivar el paro con un acuerdo in extremis y se muestran comprensivos ante la reacción sindical. En rigor, los negociadores del Gobierno creen que el artículo engorroso para los gremios podría caerse por falta de consenso durante el debate en comisión en Diputados.

Jugada oculta

La cruzada de los “halcones” radicales esconde una jugada oculta. Buscan un golpe de efecto y apelar al “principio de revelación”, un latiguillo académico de Milei, durante el debate en comisión. A sabiendas de que el Gobierno prefiere excluir el artículo de los “aportes solidarios” para no complicar la sanción de la reforma ni escalar el conflicto con la CGT, De Loredo y los referentes radicales en Diputados decidieron redoblar la apuesta y desafiar al Gobierno.

“No vamos a ser los radicales quienes saquemos el tema de los aportes solidarios del proyecto. Hay que ir a fondo, no hay nada más ‘casta’ que los sindicalistas. Que lo retire el oficialismo en comisión y se hagan cargo de firmar el dictamen junto con el kirchnerismo. Veamos de qué lado está cada uno”, advierten en la cúpula del bloque de la UCR. Se trata de una movida para dejar en evidencia que Milei no se anima a ir contra la “casta” como pregona en las redes o en sus piezas comunicacionales.

¿Hasta qué punto están dispuestos a tensar para incluir el artículo sobre los aportes solidarios? ¿Qué harán si peligra el corazón de la reforma laboral? Por lo pronto, los radicales remarcan que el objetivo principal del proyecto es reducir la litigiosidad, motorizar el empleo en las pymes y ayudar a reducir la informalidad.

Pese a que un sector de la UCR considera que pecan de ingenuos por aceptar la invitación del Gobierno de presentar el proyecto de reforma laboral, los “halcones” radicales juegan fuerte para ganar centralidad en el nuevo escenario político. De Loredo, que debe contener a Facundo Manes y Pablo Juliano preservan las posiciones más intransigentes frente a la gestión de Milei, confía en lograr que una mayoría del bloque apoye la ley bases y que el radicalismo no se apresure a voltear el DNU 70/ 2023. Es decir, que la UCR no se suba a la ola de rechazo del kirchnerismo. Otra diferenciación con Martín Lousteau.

A su vez, el jefe de bloque de la UCR en Diputados se aferra al compromiso que asumió el Gobierno de que la ley bases estará atada a la reforma laboral. Es decir, el proyecto del radicalismo.

Los radicales también piden que se incorpore la temática de educación al pacto fundacional del 25 de Mayo que promueve Milei y que aumente la recomposición de los haberes jubilatorios por el efecto de la inflación de enero pasado. Intentos de marcarle la cancha al Presidente. Además, insistirán con reincorporar el capítulo de las tabacaleras.

Efecto colateral

El alcance de la reforma laboral que diseñó la UCR para entregarle en mano a Milei no solo disgustó a los jefes de la CGT, sino que encendió las alertas en el tablero de Hacemos Coalición Federal, el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto. Se trata de otro aliado clave para el Gobierno, que necesita armar un colchón de votos con los socios y gobernadores dialoguistas. El apoyo de Pro ya lo tiene, pero no le alcanza. Por eso, la llave la tienen la UCR y HCF.

Francos y Posse, junto a los diputados de la UCR

Pichetto transmitió su disconformidad por la jugada de los radicales. No comparte modificar el tema de la cuota sindical o la obra social, porque considera que “pertenecen al derecho colectivo del trabajo y de las organizaciones sindicales”. Y atribuye la maniobra a la falta de conducción y crisis de liderazgo en la UCR.

Cerca de Pichetto creen que, por la profundidad de la crisis económica y la necesidad de colaborar con un eventual reactivación, es primordial avanzar ahora con los cambios asequibles dentro de la legislación laboral. “No se puede ser más papista que el Papa. Ponen en riesgo que salga lo posible de la reforma laboral por incluir lo que genera conflicto con los gremios”, resumen.

En el entorno de Emilio Monzó y Nicolás Massot consideran que el artículo que avanza sobre los recursos sindicales podría tratarse más adelante. Los puntos más urgentes, argumentan en ese sector de la bancada de HCF, son los que reúnen un amplio consenso: “la redeterminación de multas y multiplicadores para reducir la litigiosidad, ampliar el período de prueba y el fondo del cese de empleo”. Es curioso: Lousteau, jefe de la UCR y una de los abanderados de la resistencia a Milei en la oposición, tiene una posición similar a Pichetto o Monzó. De hecho, su proyecto de reforma laboral no contemplaba cambios en las cuotas solidarias.