Durante la 58° Sesión Plenaria, los legisladores de las diez provincias del NOA y el NEA aprobaron una declaración en la que exigieron "el cese del ahogo financiero" del organismo y reclamaron que los recursos del impuesto a los combustibles (SISVIAL) ingresen de manera directa a Vialidad Nacional.

La resolución fue adoptada luego de la exposición realizada la semana pasada por la secretaria general del STVyARA, Graciela Aleñá, junto a dirigentes sindicales de las seccionales del Norte Grande, quienes advirtieron sobre el estado de las rutas nacionales y las consecuencias del recorte presupuestario para la conectividad y la seguridad vial.

Tras conocerse la decisión del Parlamento regional, Aleñá destacó el respaldo político recibido. "Nos devolvieron la esperanza de que luchando y trabajando con la política en forma conjunta, y siempre de cara a nuestros trabajadores, podemos ganar esta batalla", afirmó. Y agregó: "Volvimos a demostrar que nuestra voz retumba donde tenía que escucharse".

Durante la presentación, el gremio sostuvo que la falta de financiamiento agrava el deterioro de la infraestructura vial en todo el país. "Desfinanciar Vialidad Nacional no es ahorrar, es decidir que el costo se pague con la sangre de los muertos y la pobreza de los pueblos y comunidades de todo el país", había advertido Aleñá.

En el documento elevado al Parlamento, el sindicato denunció que, tras dos años y medio de gestión nacional, las rutas nacionales se encuentran "sin mantenimiento, deterioradas y próximamente intransitables". Además, acusó al Gobierno de retener los fondos provenientes del impuesto a los combustibles destinados por ley al mantenimiento, la planificación y la construcción de la red vial nacional.

Según STVyARA, esa situación se suma al recorte presupuestario que enfrenta la Dirección Nacional de Vialidad y pone en riesgo la seguridad vial, el desarrollo productivo y la integración territorial. "El descarnado recorte presupuestario de la DNV, que se suma al desfinanciamiento que le corresponde por ley, se traduce en víctimas fatales, aislamiento de comunidades del interior y el destrozo del desarrollo productivo de cada provincia", concluyó el gremio.