Desde Casa Pueblo advierten: “Mientras el consumo aumenta en los sectores más vulnerables, el gobierno recorta los espacios donde muchos chicos y chicas encuentran refugio, acompañamiento y una salida posible”. Agregaron además que estas casas reciben “a pibes y pibas que buscan construir una alternativa de vida digna, reconociendo su consumo como problemático”, y que en contexto de crisis social, “el consumo de diferentes sustancias y las recaídas van en aumento. Ante esta situación el Estado, en lugar de fortalecer esas herramientas, les da la espalda con la motosierra del ajuste”.

Las organizaciones denuncian que lo que el gobierno llama ajuste no es otra cosa que abandono planificado. El Ejecutivo nacional anunció el cierre de 50 dispositivos comunitarios de acompañamiento en problemáticas de consumo y salud mental en todo el país , dejando a cientos de familias y jóvenes de barrios vulnerables sin espacios de escucha y contención.

Natalí Silva, referente del movimiento “Ni un pibe y piba menos por la droga”, aportó que las CAAC no solo ofrecen atención terapéutica individual y grupal, sino que también organizan talleres culturales, educativos y deportivos, coordinando con comedores comunitarios para brindar un plato de comida. Según explicó, cada casa recibe cerca de $4,3 millones mensuales para cubrir alquiler, insumos, sueldos y alimentos. Ese presupuesto está congelado desde hace más de un año, y las actualizaciones dejaron de llegar desde que asumió la actual gestión .

Además del recorte a los CAAC, las organizaciones alertan sobre otros golpes al patrimonio social: denuncias de coimas y sobreprecios de hasta el 400 % en insumos médicos en instituciones como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI, mientras disminuyen programas dirigidos a jubilados, personas con discapacidad y comedores populares.

Desde Casa Pueblo remarcan que “este cierre no es solo un recorte: es un ataque directo a la vida en nuestros barrios. La decepción y la bronca son enormes, pero más grande es nuestra convicción de que la comunidad organizada es más fuerte que el abandono”.

La movilización de este jueves se presenta como una respuesta urgente y colectiva: exigirán al Estado que mantenga activos los dispositivos CAAC y refuerce las políticas públicas de salud mental y adicciones, ante una crisis que deja aún más desprotegidos a los sectores populares.