El presidente Mauricio Macri firmó ayer el decreto que habilita un régimen de retiros voluntarios para todo el personal de la Administración Pública Nacional. Con esta norma, que también lleva las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de los ministros de Modernización y de Hacienda, Andrés Ibarra y Nicolás Dujovne, el gobierno pretende seducir a los casi 80 mil empleados en condiciones de adherirse al retiro y achicar aún más la planta de trabajadores del Estado. “Esto destruye el Estado, es un mecanismo de despido encubierto y de extorsión sobre los trabajadores”, dijo Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE Nacional. 

En diálogo con PáginaI12, Godoy resaltó que los retiros voluntarios regirán para las áreas vinculadas al desarrollo productivo y al control y, en ese sentido, advirtió que “en un Estado donde más de la mitad de los que prestan funciones lo hacen en seguridad, fuerzas armadas e inteligencia, con esto van a crecer las áreas represivas”. Los trabajadores que están en condiciones de acceder a este plan de pagos propuesto por el gobierno representan a casi un 40 por ciento de la planta total del Estado y pertenecen al Poder Ejecutivo, los ministerios y los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social (PAMI, Anses y AFIP), al Senasa, INTA e INTI, entre otros. “No hay novedad ni inteligencia por parte de los ministros de Macri: la aplicación de este decreto de retiro voluntario demuestra que no hay modernización, sino que están repitiendo las fórmulas de los años 90 y nos van a llevar de nuevo a una situación de abismo y desastre social”, sentenció el dirigente gremial. Además, Godoy ratificó el paro nacional previsto para el 11 de abril y adelantó que, durante la semana previa, habrá campamentos donde los trabajadores estatales presentarán sus reclamos y propuestas a la sociedad. Por su parte, en declaraciones radiales, el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, se mostró preocupado y sostuvo que “por experiencias anteriores se ha producido siempre la merma de gente capaz del Estado”.

Según salió publicado en el Boletín Oficial, el decreto 263/18 –que se enmarca en el denominado “Plan de Modernización del Estado”– detalla los alcances del plan de retiros, que tiene tres categorías preestablecidas. La primera incluye a quienes tengan 65 años o más y que no cuenten con los años necesarios para jubilarse. Estos empleados accederán al pago de 24 cuotas no remunerativas, equivalentes a su salario neto mensual. En la segunda categoría se encuadra a quienes tengan entre 60 y 65 años, que podrán acceder a “una suma no remunerativa de hasta 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas”. Para estos casos, el decreto aclara que, si el trabajador cumple los 65 años durante la percepción de las cuotas del retiro, sólo recibirá doce cuotas más a partir de ese momento. En la tercera, quedan incluidos el resto de los trabajadores con la condición de que acrediten una prestación de servicios de dos años o más en alguna de las dependencias incluidas. Para ellos, el decreto contempla el pago de entre seis y 24 cuotas mensuales del 70 por ciento del salario neto y un bono que puede ser de hasta seis sueldos, según su antigüedad.

El decreto enumera once excepciones al plan de retiros, que incluyen al personal de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y policiales, de la Agencia Federal de Inteligencia, empleados de cargo docente, profesionales de la salud, del Servicio Exterior de la Nación o personal científico técnico, entre otros.