En una carta enviada al Gobierno, el secretario general del gremio, Roberto Fernández, remarcó que “el Gobierno será responsable que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias”. Para el sindicato, la decisión empresaria es “inadmisible” en plena negociación paritaria.

Las empresas, por su parte, argumentaron una situación límite. En una nota dirigida al secretario de Transporte, Luis Pierrini, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero, las cámaras empresarias afirmaron atravesar una “gravísima coyuntura económica, financiera y operativa” que volvió “materialmente imposible sostener en tiempo y forma el pago íntegro y contemporáneo de las obligaciones salariales del personal”.

En ese marco, anunciaron un “plan excepcional y transitorio” que incluye el pago escalonado de los sueldos y el desdoblamiento del aguinaldo. Justificaron la medida en la caída de ingresos, el incremento de costos —combustible, repuestos, mantenimiento y cargas sociales—, y el congelamiento de los fondos compensadores desde mediados de año.

La crisis expone una tensión que lleva años sin resolverse: la brecha entre el costo real del servicio y lo que se reconoce a través de la tarifa técnica. Según un análisis reciente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el boleto sin subsidio debería costar $1.713 en el AMBA, mientras que la tarifa técnica —boletos pagados más compensación estatal— apenas llega a $1.092.

La entidad alertó que la tarifa técnica cayó 28% en la última década, mientras que la carga sobre el pasajero se disparó: el boleto aumentó más del 600% en 2024 y durante 2025 subió incluso por encima de la inflación en CABA y la Provincia. Aun así, no hubo mejoras en la calidad del servicio. AAETA señaló que “la persistente brecha entre los costos reales de la actividad y lo que se reconoce mediante tarifa técnica (…) explica la incómoda situación de tarifas cada vez más caras para los usuarios, sin una contraprestación real en los servicios”.

La antigüedad del parque de colectivos refleja ese deterioro: el promedio ya es de 7,7 años y el 27% de la flota superó los 10 años de uso. La única excepción, según AAETA, sería la Ciudad de Buenos Aires, que desde julio aplica un esquema propio de recomposición que ya reconoce 29% más por pasajero transportado que Nación y Provincia.

El conflicto salarial estalló incluso después del aumento del 9,71% aplicado este lunes en las líneas nacionales del AMBA, que operan con cabeceras en la Ciudad y el conurbano. Las empresas aclararon que esa suba “no implica mayores ingresos”, sino menos subsidio estatal y más costo para los usuarios.

Desde el Gobierno recordaron que continúa vigente la Tarifa Social Federal en todo el país y la RED SUBE para líneas nacionales y porteñas, aunque la Provincia decidió no mantener este último beneficio.

La UTA ya avisó que no aceptará pagos fraccionados. Si no aparecen fondos adicionales o un acuerdo inmediato, el paro podría anunciarse en las próximas horas y afectar a más de 100 líneas del AMBA.