Tandanor es una empresa dedicada a la reparación, conversión y construcción naval, y más recientemente, a la industria metalmecánica. Su estatización en 2007 mediante el decreto 315 la dejó en un 90% en manos del Estado representado por el Ministerio de Defensa y en un 10% de los trabajadores. 

Actualmente, Mauricio Melián secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores, Talleres y Astilleros Navales (SI.T.T.A.N.) y 5 trabajadores más de comisión directiva, Alejandro López, Ricardo Apinto, Pablo Montiel, Juan Javier Díaz y Martín Izaguirre, están desde 2018 con procesos penales y laborales. Sobre 3 de ellos recayó un desafuero por exclusión de tutela sindical.

Denuncian un proceso de vaciamiento desencadenado por los mismos directores, el Presidente Jorge Daniel Arosa, el Vicepresidente Alicia Crispina Pelorosso y el director Alfredo Jorge Macera, puestos por el Ministro de Defensa, Oscar Aguad. El secretario del SITTAN cuenta que al empezar esta dirección macrista había 610 trabajadores y actualmente se redujo a 450, que no están construyendo buques nuevos ni reparando los buques existentes.  

El 22 de agosto de 2018 echaron a 30 compañeros, el SITTAN luchó para evitar que se queden en la calle, hicieron una huelga que fue reprimida y judicializada. Melián relaciona todo esto con diversas denuncias que los trabajadores vienen realizando: "Un convenio tripartito con PAMI que hicieron (se refiere a 600 sillas de ruedas que el Ministerio de Defensa se comprometió a reparar en marzo de 2018), que no lo cumplieron, la venta de un dique sin la aprobación de los trabajadores, sesión de una parte del terreno de Tandanor a una empresa contratista que se encargaba de hacer el paso del Bajo Belgrano". Creen que la gota que rebalsó el vaso fue la denuncia realizada en marzo de 2018 por las sillas de ruedas desaparecidas y abandonadas. Esta dejó a la empresa muy expuesta frente a la vicepresidenta Gabriela Michetti, que en agosto de 2016 se presentó personalmente para comprometer al astillero con su reparación.

Por todo esto, el trabajador afirma que la empresa "nos hizo en agosto, septiembre del año pasado una denuncia penal que está tramitando en Comodoro Py, que en primera instancia fuimos procesados de 3 a 10 años por delitos que realmente no hicimos. Apelamos. Fuimos sobreseídos. Actualmente se encuentra en la Cámara de Casación a través de un sobreseimiento apelado por parte de la empresa". También pidieron una exclusión de tutela de 6 integrantes de 10 de la comisión directiva. De esos, 3 cayeron en el juzgado 69 a cargo del juez Ramonet que falló por su desafuero "no respetando la prueba testimonial, no respetando el proceso".  

Recordemos que el juez laboral José Ignacio Ramonet se adjudicó en 2018 un récord en la legislación laboral al aprobar en 24 horas el embargo por casi 810 millones de pesos contra el gremio de Camioneros que lidera Hugo Moyano y que luego fuera desestimado.