La Confederación General del Trabajo volvió a poner en las últimas horas el foco en una denuncia que ya realizó hace algún tiempo y tiene el punto más álgido en el “traspaso fraudulento” de beneficiarios de obras sociales a otras entidades sanitarias.

Según la CGT -en el documento el cual está firmado por los secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, además del secretario de Acción Social, Jose Luis Lingeri, y el secretario de Prensa y Comunicación, Jorge Sola, la Superintendencia de Salud ha manifestado mediante resolución en varias oportunidades la anulación de los traspasos de una obra social a otra, ya que los formularios de las transacciones contenían firmas apócrifas en los que “se ha visto afectada la salud de los trabajadores y sus grupos familiares primarios”, según denuncia la casa obrera.

El secretario general de Obras Sanitarias, Lingeri, encargado del área de Acción Social de la CGT y con el apoyo del Consejo Directivo, sostuvo que este acto delictivo “contendrá todos los esfuerzos” del cuerpo de dirección para “colaborar en el esclarecimiento de la verdad”.

El drama de las obras sociales no es algo nuevo para los gremios. Deudas del Estado (en muchos casos, millonarias) incorporaciones de medicamentos de altísimos costos al Programa Médico Obligatorio –PMO-, y ahora se sumó la burocracia delictiva del traspaso de afiliados, sin consentimiento. Parecería ser que la creatividad no tiene límites.

En muchos casos, obras sociales que no tienen gran espalda para sostener sus estructuras generosamente y la reman en dulce de leche, tambien son sometidas al costeo de medicamentos, dolarizados claro, que hasta pueden provocar el quiebre de la contabilidad.

Descontando que el dinero en concepto de devoluciones y aportes, los diferentes gobiernos lo depositan cada tanto, 3 o 4 meses y hasta años. Mientras tanto, la OS costea protesis millonarias, medicamentos que se comprar de seis ceros y, como dato de color, en una pandemia que rompió todos los moldes.