La administración de Jorge Macri también resolvió aplicar penalidades a las empresas concesionarias que no cumplieron con los recorridos previstos durante la última movilización sindical. La decisión agrega un nuevo foco de tensión con el gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano.

El eje de la disputa es el régimen de indemnizaciones que se aplica al finalizar los contratos de recolección. Desde hace décadas, el sindicato reclama que, ante un cambio de concesionaria, los trabajadores reciban una compensación económica y sean reincorporados por la nueva empresa, conservando su antigüedad y continuidad laboral.

El Gobierno porteño considera que ese mecanismo no debe mantenerse en las próximas licitaciones porque los empleados seguirán trabajando, aun cuando cambie la empresa prestadora del servicio. Según estimaciones oficiales difundidas por Infobae, el costo de las indemnizaciones reclamadas rondaría los 200 millones de dólares.

Sin embargo, la Ciudad reconoció que deberá afrontar los pagos correspondientes al contrato actualmente vigente, que finaliza en 2028, porque esa obligación está contemplada en el marco contractual y normativo actual.

El pliego vigente establece que, al finalizar la concesión, las empresas deben calcular las indemnizaciones del personal y que, una vez auditados los montos, el Gobierno porteño debe transferir los fondos necesarios para concretar los pagos.

La discusión aparece vinculada con el artículo 19 de la Ley 4120, que establece la continuidad laboral de los trabajadores del servicio de higiene urbana. Para la administración porteña, esa garantía vuelve innecesario incorporar nuevas indemnizaciones en los contratos futuros.

Desde Camioneros, en cambio, defienden el sistema vigente como una conquista sindical y advierten que no aceptarán modificaciones que impliquen la pérdida de derechos económicos para los empleados.

Durante una movilización realizada la semana pasada frente a la sede de la Comuna 1, Pablo Moyano anticipó que el gremio profundizará las medidas de fuerza si el Gobierno mantiene su postura. “Vamos a hacer la cantidad de marchas, asambleas y paros que tengamos que hacer, pero a la indemnización la vamos a defender con nuestra vida”, afirmó el dirigente.

La nueva licitación del servicio está prevista para el período 2028-2038. Según fuentes del Ejecutivo porteño citadas por Infobae, los pliegos definitivos podrían aprobarse en las próximas semanas, mientras que las adjudicaciones se realizarían entre octubre de este año y febrero de 2027.

El Gobierno ya había transmitido su decisión al secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, durante las conversaciones mantenidas por el proceso licitatorio.

A la controversia por las indemnizaciones se suma la decisión de sancionar económicamente a las concesionarias que no completaron sus recorridos durante la protesta sindical.

Desde la Ciudad sostienen que las penalidades forman parte del régimen habitual de control del servicio y que se aplican ante cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales.

La medida, sin embargo, podría abrir una nueva discusión sobre las consecuencias de las protestas gremiales para las empresas y sus trabajadores, especialmente si las concesionarias trasladan los efectos económicos de las sanciones al personal. Por el momento, no se informó sobre descuentos salariales concretos a los empleados que participaron de la movilización.

El conflicto enfrenta dos posiciones sobre el futuro régimen laboral de la recolección de residuos: la continuidad del mecanismo indemnizatorio defendido por Camioneros y la decisión del Gobierno porteño de garantizar los puestos de trabajo sin incorporar esas compensaciones en los próximos contratos.

Con las licitaciones en preparación y el gremio dispuesto a sostener las protestas, la negociación sobre las condiciones laborales de los 6.500 trabajadores se perfila como uno de los principales focos de conflicto sindical en la Ciudad de Buenos Aires.