Lavado de dinero, administración fraudulenta, asociación ilícita, extorsión, son sólo algunos de los delitos por los que la Justicia federal y de instrucción investiga a Hugo Moyano, el sindicalista con mayor peso de la Argentina y un crítico conocido del gobierno de Mauricio Macri. El líder de los camioneros volvió al foco de atención luego de pedir públicamente que se “revise la tarea que hicieron algunos periodistas y medios” durante estos últimos cuatro años, donde él fue eje de muchas noticias judiciales. "Tienen que pagarla, no puede ser que digan lo que se les antoje y no pase nada", siguió. 

Moyano evitó referirse a las múltiples causas que acumula en la justicia. El “corralito judicial” que enfrenta el líder de camioneros está en manos de media docena de jueces, con imputaciones que alcanzan a algunos de sus hijos, a su mujer y a las empresas familiares. Hay expedientes en pleno proceso por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita en el prontuario del dirigente sindical.

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La compra del terreno en Córdoba

La primera vez que Hugo Moyano tuvo que presentarse en la Justicia para ser indagado como imputado, fue en la provincia de Córdoba. Allí, el juez Alejandro Sánchez Freytes investiga la compra de terrenos lindantes al hotel del Sindicato que derivó en una causa por lavado de activos que inició la Procuraduría de Criminalidad y Lavado de Activos (PROCELAC).

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¿Qué está en juego en esta causa? El delito por el que está imputado Moyano es el de lavado de dinero. Según el expediente, por la compra de los terrenos el gremio pagó en 2013 en total unos $ 6 millones, cuando los vendedores lo habían adquirido tres meses antes a $ 310.000, aproximadamente. La diferencia en los valores de la operación fue alertada por la PROCELAC que avanzó con la denuncia penal por lavado de dinero y se le sumó el delito de defraudación.

Ante estos números, el juez Sánchez Freytes ordenó una pericia oficial que arrojó un valor de $ 3 millones sobre los terrenos por los que Moyano pagó el doble. Pero también, según pudo saber Clarín, los abogados realizaron otra pericia que determinó que el costo era de $ 7 millones. Sucedió que la defensa del líder sindical, cuestionó los parámetros, los mecanismos utilizados y los valores que arrojó la pericia oficial. Ahora el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) fijará el valor. Es en esta causa donde Moyano podría recibir el primer procesamiento.

Lavado de dinero y relación con OCA

Esta causa la lleva adelante el juez en lo Penal Económico, Rafael Caputo, y se investiga a Hugo y Pablo Moyano por lavado de dinero, donde se ordenó hace tiempo el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil. Esta causa se basa en una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que determinaron transferencias millonarias del gremio de Camioneros hacia OCA y otras firmas vinculadas a la familia Moyano.

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Las primeras cifras investigadas son las que realizó Camioneros hacia OCA y viceversa. Así, la UIF detectó operaciones por unos 100 millones de pesos entre 2014 y 2016. En dicho período, el empresario Farcuh (presidente de OCA) y el gremio de Camioneros realizaron millonarios movimientos financieros cruzados.

La compra de la casa de Parque Leloir

Por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, también es investigado el líder de Camioneros. Se trata del expediente que instruye el juez federal de Morón, Néstor Barral y que inició con una denuncia anónima que obligó a la justicia a poner la lupa sobre la presunta compra irregular de dos propiedades en Parque Leloir. Según la denuncia, las operaciones comerciales se realizaron por intermedio de empresas vinculadas a Moyano. La operación se habría hecho a través de dos empresas ligadas al jefe de Camioneros. Por eso se investiga a Hugo Moyano, su mujer Liliana Zulet, su hijo Pablo Moyano y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.

Se busca determinar si el dinero utilizado para comprar las casas provino de la sobrefacturación de las empresas ligadas al dirigente al sindicato de Camioneros.

En la causa se encuentran imputados Hugo y Pablo Moyano y se investiga a la esposa del líder de Camioneros, Liliana Zulet y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet. El magistrado ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario del sindicalista, de su mujer, Liliana Zulet. En este expediente son investigadas también, tres empresas familiares que tienen entre sus principales clientes al sindicato de Camionero y 77 vuelos de Pablo Moyano. Esos vuelos, según estimaciones que analiza la justicia, habrían costado U$S 500.000 y se realizaron sólo en tres años.

Asociación ilícita en Independiente

Pero el expediente más complejo es, sin lugar a dudas, el de asociación ilícita que se investiga en el Club Independiente donde Hugo y Pablo Moyano son las principales autoridades, presidente y vice. Quien los complicó fue el ex líder de la barra brava, Pablo “Bebote” Álvarez. En su declaración como arrepentido, realizada el 18 de diciembre de 2018, ante el fiscal Sebastián Scalera en la causa que lleva la jueza Brenda Madrid. Álvarez entre otras cosas, dijo el líder del Sindicato de Camioneros fue quien “firmó un fideicomiso" por donde circulaba plata de la compra y venta de jugadores y aseguró que "esa plata él (por Hugo Moyano) sabía que no iba al Club”. Y agregó: “tenía que estar al tanto de todo, era el presidente”.

Para graficar los nexos entre Camioneros e Independiente, reconstruyó una reunión que mantuvo con Hugo Moyano “en el tercer piso del Sindicato”, en una oficina con una mesa en forma de U, en la que estaban estaba Pablo Moyano y Roberto "Polaco" Petrov, entonces jefe de custodia de los Moyano y hoy preso en la causa. “Yo me quedé del lado de adentro de la U. Entró Hugo, se sienta y me dice que él fue quien inventó las patotas sindicales que yo no lo voy a patotear con esto de la agrupación (para ser candidato a presidente del club)".

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Hugo y Pablo Moyano están imputados en la causa y el hijo del líder sindical ya fue indagado por el fiscal Sebastián Scalera. Y como pieza decisiva, se dio curso a un juicio político contra el magistrado por otras causas que instruyó. Fue el entonces Luis Carzoglio (apartado de la causa) quien se negó a detener al vocal del Club.

La Obra Social de Camioneros

Bajo análisis judicial también están los fondos de la obra social de Camioneros. Es una causa que lleva el juez Claudio Bonadio y donde se investiga presuntos desvíos de fondos a empresas vinculadas a la familia Moyano. El pasivo de la Obra Social super las $ 1.700 millones y durante su escenario deficitario parece realizando pagos a empresas vinculadas a Zulet. Estas empresas, Ancora en particular fue investigada por la Unidad de Información Financiera (UIF) quien detectó que la constructora recibió $ 220 millones y el 50% de esos fondos provenían de Camioneros.

Esta causa la lleva el juez Claudio Bonadio. La última información aportada a la causa muestra que la obra social en sus últimos cuatro ejercicios contables, “arrojó un patrimonio neto negativo de 636.935.873 pesos”. Por eso, la denuncia sostiene que la OSCHOCA “es inviable, mientras que las empresas Moyano-Zulet no pararon de ganar plata. No existe una prueba más contundente de la defraudación que la comparación de los resultados económicos de las empresas y de la obra social”, agregó Ocaña en su momento.

La obra social de los camioneros “depende de los subsidios del sistema de salud, tanto reintegro del APE y del SUMA”. Estos pasaron de “334.000.000 pesos en diciembre del año 2014 a 776.000.000 pesos al 31 de diciembre de 2016”.