La demanda principal que unifica a los distintos sectores es clara: un salario de ingreso igual al valor de la canasta familiar calculada por ATE-INDEC, que hoy se ubica en 1.840.000 pesos mensuales. Esta referencia marca el piso de dignidad salarial que reclaman quienes sostienen día a día el sistema de salud pública en el país.

En la provincia de Neuquén, los profesionales de la salud iniciaron este lunes un paro de cinco días, tras la falta de propuestas concretas del gobierno en la mesa de negociación. La medida se mantendrá hasta el viernes, en reclamo de una recomposición salarial urgente.

En Buenos Aires, el jueves 3 de julio será una jornada de lucha para las y los becarios del sistema de salud, quienes continúan trabajando bajo condiciones de precarización laboral. Exigen su pase a planta permanente y se movilizarán hacia el Ministerio de Salud provincial en La Plata.

En San Luis, la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) anunció una jornada intersindical de movilización por la apertura de paritarias y un salario digno. La protesta encuentra su réplica en Chaco, donde la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública (APTASCH) se sumará este martes a una movilización provincial junto a otros gremios estatales hacia la Casa de Gobierno.

En tanto, en la provincia de San Juan, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (ASPROSA) denunció un accionar discriminatorio por parte del gobierno local, que acordó aumentos con el sector médico dejando afuera al resto del equipo de salud. La exclusión de enfermeros, técnicos, administrativos y otros profesionales profundiza el malestar.

“El fracaso de la negociación en el Hospital Garrahan por la falta de propuestas del gobierno es un hecho que se repite en todo el país”, advirtió María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA, al referirse a uno de los conflictos más emblemáticos del último tiempo.

Desde FESPROSA expresaron su respaldo a todas las luchas en curso y llamaron a coordinar las acciones de protesta a nivel nacional, ante lo que consideran una política de desinversión y deterioro deliberado del sistema de salud pública.

El conflicto en salud ya no es sectorial ni aislado: se ha transformado en una disputa federal por salarios dignos, estabilidad laboral y condiciones de trabajo justas para quienes cuidan la salud de toda la población.