No estamos en guerra

La inclinación por las metáforas es común en la poesía, como en otros campos literarios y, también, en la política. Sin embargo, las llamadas licencias poéticas no son sino adecuadas a aquella literatura y se traducen en forzados -muchas veces, desafortunados- recursos en su traspolación a otros ámbitos. La “guerra” reconoce diversas acepciones o valoraciones y constituye siempre un hecho desgraciado, aún, cuando se torne inevitable, e implica el enfrentamiento entre enemigos.

Si bien importa un “conflicto”, en tanto bélico, no es analogable a otros muchos que pueden verificarse en diferentes ámbitos de la vida personal, familiar o social.

Cuando se proclama una “guerra contra la inflación”, más allá de no ser una estrategia recomendable anunciar cuándo se va atacar, pareciera ser una exageración -por el bajo nivel de confrontación, por su objeto y la falta de individualización de los involucrados- utilizar esa palabra para enunciar una política que atienda a eliminar -más precisamente reducir o morigerar- ese flagelo.

Más inapropiado resulta ese término cuando no se identifica concretamente al enemigo, que obviamente no puede ser la inflación sino los agentes económicos que la producen o la acentúan y, para colmo, en lugar de confrontar se opta por un diálogo inconducente como técnica guerrera.

Si la primera respuesta del otro lado a esa declaración de guerra, es un “bombardeo” de subas de precios con efecto inmediato en la canasta básica alimentaria antes que se adopte ninguna medida “beligerante” por parte del Gobierno, convocar a conversar acerca de los daños causados y los modos de repararlos suena más a resignación que a “combate”.   

Personajes conocidos e historias viejas

Las operaciones de Mercado son clásicas en la búsqueda de desestabilizar gobiernos, siendo la cotización del dólar y la tasa inflacionaria -autónomamente o por sus efectos recíprocos- de las más comunes y de las más eficaces a juzgar por los resultados tradicionalmente alcanzados.

Las expectativas devaluatorias ligadas a las exigencias en tal sentido de los sectores exportadores, el aumento constante de los precios y la impresión provocada -con datos de realidad que ayudan a instalarla- de una gobernabilidad de baja intensidad, incentivan el malestar social que no deriva sólo de lo emocional sino del deterioro ostensible de las condiciones materiales de vida.

El primer llamado a reunirse en torno a la problemática inflacionaria unas semanas atrás, tuvo como protagonistas a la Unión Industrial Argentina (UIA) y a la Confederación General del Trabajo (CGT); ocasión, en la que se hicieron declaraciones de buena voluntad puramente formales, sin expresión crítica o autocrítica alguna en orden a las responsabilidades consiguientes. 

Teniendo en cuenta quienes asistieron por la UIA, entre ellos su presidente (Funes de Rioja) que ostenta igual cargo en la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), era razonable esperar alguna reflexión acerca de la disparada de precios, de los alimentos en particular. Nada de eso ocurrió, como tampoco una u otra Corporación empresaria recriminó a los que -dentro de su amplio espectro de representación- habían generado un encarecimiento desmedido de sus productos, sin que encontrara justificación en movimientos de costos internos y, menos todavía, externos cuando los anunciados efectos de la guerra en Ucrania aun no habían llegado. 

La UIA evidenció similares omisiones en torno a la falta de destino productivo del enorme endeudamiento externo durante el macrismo, como ante la ostensible fuga de capitales en ese mismo período que hacía visible su claro destino especulativo y contrario a un desarrollo genuino, en especial de la industria. 

Ahora, tampoco acompañan la iniciativa legislativa de los senadores del Frente de Todos  para individualizar activos no declarados en el exterior y que sus titulares tributen para hacer frente a la deuda con el FMI.

Sí, en cambio, celebraron el acuerdo inicial con el FMI, aunque por lo visto no están dispuestos a poner nada de su parte para que puedan cumplirse las metas comprometidas en esa negociación. Comenzando por una proactividad dirigida a desalentar y condenar arbitrarios incrementos de precios, avenirse a que se impulsen aportes extraordinarios de los sectores contingentemente beneficiados con ingresos extraordinarios, demostrar una voluntad cierta dirigida a erradicar la pobreza y alcanzar una mayor equidad social indispensable para pacificar los ánimos razonablemente alterados.

Desde la CGT se registra también ausencia de pronunciamientos sobre esos temas claves, ni reclamos de una participación protagónica que permita una mayor eficiencia de medidas de gobierno, como la del control de precios.

El mismo Pablo Moyano, único miembro del triunvirato que -junto a otros dirigentes sindicales nucleados en esa Central y en las dos CTA- asistió al Senado a manifestar su apoyo al Proyecto de Ley para la creación de un “Fondo para pagar al FMI”, señaló con total crudeza: “No es casualidad que seamos los mismos que peleamos los cuatro años del macrismo. La vamos a militar en la calle.”   

El contraste es ostensible y la síntesis de esa frase irrebatible, teniendo en cuenta la pasividad de la conducción cegetista frente a las políticas implementadas por el Gobierno de Macri que condujeron -como era totalmente previsible- a una considerable pérdida del poder adquisitivo del salario (cercana al 20%) entre 2016 y 2019. Cuando no, una inconcebible aquiescencia con medidas legislativas como la reforma “Complementaria” de la Ley de Riesgos de Trabajo (Ley 27.348), sancionada en 2016, que acentuó el signo regresivo de esa normativa y de las que fueron dictadas con posterioridad con la pretensión de reglamentarla; pasividad, que mantienen hasta el presente tolerando todo tipo de abusos de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y la connivencia de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.