El sindicalismo está al borde de un ataque de nervios: en un escenario de plena pandemia, la segunda ola de COVID-19 que se perfila y pocas vacunas, las obras sociales están en una situación crítica, con gastos en alza, un déficit mensual que crece y problemas de financiamiento que no se solucionan. Incluso el Gobierno tiene en la mira a unas 35 de esas entidades porque son insostenibles.

Mientras, la misma CGT que se quejaba de cierta indiferencia por parte de Ginés González García ante estos temas, aún no consiguió una audiencia con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien asumió ya hace un mes, para analizar alternativas que alivien la situación del sistema sindical de salud.

Los números que se manejan en la central obrera, y que circulan entre los principales dirigentes, son altamente preocupantes: el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el corazón del sistema, que se nutre del aporte mensual de trabajadores y contribuciones patronales para financiar los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos costosos, recaudó en 2020 unos $64.000 millones, pero, en el mismo período, gastó $79.000 millones para pagar subsidios y reintegros.

El déficit del FSD ascendió a más de $15.000 millones en 2020, con egresos que superan a los ingresos en un 20% (una situación que se repite desde 2017), y para este año se estima que será de $20.000 millones, e incluso podría ser finalmente de $31.000 millones si el Gobierno concreta un aumento del 30% para las prestaciones por discapacidad, que tienen una alta incidencia en el gasto total (y elevaría el déficit mensual de $1.500 millones a $2.600 millones).

El mayor porcentaje de los gastos del sistema de obras sociales (casi un 37%) corresponde al pago del rubro discapacidad (rehabilitación, tratamientos, educación y transporte), que en 2020 representó unos $28.700 millones. A través del programa oficial llamado Integración se pagan las prestaciones básicas para beneficiarios con discapacidad mediante dinero que provienen del FDS.

Los dirigentes gremiales alertan que el gasto en este sector estaba dirigido en 2017 a 54.086 personas y que hoy llega a 91.906. Y con un gasto real que pasó de $6.900 millones en 2017 a $28.752 millones en 2020 (lo que representa un crecimiento de más del 400%). El gasto promedio por beneficiario con discapacidad financiado desde el FSD es de 36.000 pesos (en junio 2020) y el 50% de esa cifra es para educación y transporte (unos 1200 millones de pesos por mes).

Del FDS también surge la plata para pagar los subsidios automáticos correspondientes a los programas SUMA, SANO y SUMA 65, dirigidos a financiar las prestaciones de los mayores de 65 años (unos 350.000 jubilados que no están en el PAMI) y de los monotributistas (2 millones de personas). Este rubro representa un 33% del gasto total y el año pasado ascendió a $26.200 millones.

Por otra parte, la Superintendencia de Servicios de Salud tenía una deuda en enero de 2021 de $9.150 millone en concepto de expedientes analizados y solicitudes presentadas para reintegros por tratamientos de alta complejidad a través del SUR (Sistema Único de Reintegros), que equivale a un 31% del gasto total y que alcanzó $24.190 millones en 2020. La deuda proyectada para 2021 es de $35.000 millones, considerando el atraso de solicitudes de reintegros debido a la pandemia.

El panorama es desolador y, para colmo, la CGT aún no consiguió lugar en la agenda de la ministra Carla Vizzotti. Su nexo actual para analizar estos temas, sobre todo a través de José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la central obrera, es con el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, el último mohicano de Ginés González García en el Ministerio de Salud.

Quienes sí lograron ser recibidos hace diez días por Vizzotti fueron los líderes del gremio de Sanidad, Héctor Daer, cotitular de la CGT, y Carlos West Ocampo. “Pero fueron sólo para charlar sobre problemas de su obra social”, se quejaron otros colegas de la central obrera, donde algunos siempre miraron con suspicacia la histórica amistad entre aquellos dirigentes con Ginés González García.

Aun con vaivenes en la relación, la CGT pudo comenzar a analizar con el ex ministro de Salud no sólo los problemas de la composición del gasto de las obras sociales, sino también posibles soluciones para el dilema del financiamiento del sistema, el nudo donde se traban los mejores esfuerzos para sanearlo.

En este decisivo aspecto hay tres cuestiones básicas que aceleran la desfinanciación de las obras sociales. Por un lado, el sistema sindical de salud debe brindarles a los 2 millones de monotributistas, que pagan un aporte mensual muy bajo (1041,22 pesos), las mismas prestaciones establecidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), la canasta básica de servicios médicos, que reciben los trabajadores en relación de dependencia, que aportan mucho más ($2000 mensuales en promedio).

La CGT propone no sólo el aumento del monto de la cápita sino también que sea obligatoria la afiliación de todo el grupo familiar (hoy lo es sólo para el titular) y que la escala para el pago sea en forma progresiva, de forma tal que la esposa y los hijos abonen menos que el principal beneficiario.

Además, las obras sociales brindan cobertura médica a 350.000 jubilados que eligen seguir en estas entidades y no en el PAMI, que recauda sus aportes y destina sólo una parte a financiar las prestaciones.

Por último, hay alrededor de 4 millones de argentinos que, aun teniendo su obra social, se atienden a través de la triangulación de aportes con la medicina prepaga y muchos lo efectivizan con un pago extra para el sector privado, del que no se descuenta el 15% que va al Fondo Solidario de Redistribución.

Hace menos de dos meses, la CGT suspiraba de alivio al comprobar que no prosperaba el proyecto del kirchnerismo duro para crear un sistema nacional integrado de salud, que fue sugerido en público por Cristina Kirchner y fue interpretado como un intento de apropiarse de los fondos de las obras sociales.

Hoy, con obras sociales cuyos números están en rojo e incluso van empeorando al calor del creciente desfinanciamiento, los sindicalistas temen mucho más que siga la indiferencia oficial ante una situación crítica en la que está en juego la atención médica de 14 millones de argentinos que se atienden en el sistema sindical de salud.

Y todo se da, para colmo, en un escenario de plena pandemia, la segunda ola de COVID-19 que se perfila y pocas vacunas.

Por Ricardo Carpena