Un sector de sindicatos exigirá la convocatoria a un paro nacional de 36 horas, mientras que la conducción cegetista se inclina por profundizar un plan de lucha escalonado con medidas por actividad.

La discusión se da en un contexto de creciente tensión entre el movimiento obrero y la administración nacional por el avance sobre los convenios colectivos de trabajo, las reformas laborales impulsadas por el Ejecutivo y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. En ese escenario, gremios como la UTHGRA, la UTA y La Fraternidad consideran que las respuestas de la central obrera resultaron insuficientes y reclaman una medida de fuerza de mayor impacto.

Con ese objetivo, dirigentes encabezados por el gastronómico Luis Barrionuevo mantendrán reuniones para unificar posiciones antes del encuentro formal de la CGT. Del espacio también participan referentes como Omar Maturano, de La Fraternidad, y Roberto Fernández, titular de la UTA. Desde ese sector sostienen que las protestas escalonadas resultan “blandas” frente al ajuste y plantean la necesidad de medidas “drásticas” para frenar las políticas oficiales.

Los sindicatos más combativos argumentan que la movilización sostenida puede torcer decisiones gubernamentales y ponen como ejemplo el reciente conflicto universitario. “La CGT está siendo muy tolerante con el Gobierno”, afirman puertas adentro, al tiempo que reclaman una señal contundente de la central obrera frente a la situación económica y laboral.

Del otro lado, la conducción cegetista apuesta a una estrategia gradual. El esquema que gana terreno contempla paros sectoriales, asambleas, movilizaciones y acciones coordinadas que confluyan más adelante en una gran medida nacional. La idea es evitar un desgaste prematuro y construir un escenario de mayor acumulación de fuerzas para el segundo semestre.

En esa línea se expresó el secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola, quien advirtió sobre el impacto que podrían tener las reformas laborales impulsadas por el Gobierno. “Hay riesgo de generar situaciones de dumping laboral”, alertó, y anticipó que la central obrera trabaja en una “gran medida nacional” para los próximos meses.

El debate se produce además en un contexto complejo para el empleo. Según los últimos datos del INDEC, la desocupación alcanzó el 7,8% en el primer trimestre de 2026 y afecta a más de 1,1 millones de personas. A su vez, distintos informes sindicales y privados advierten sobre el deterioro salarial, la expansión de la informalidad y la pérdida de puestos de trabajo en sectores industriales y estatales.

Con este escenario de fondo, la reunión del jueves aparece como un punto de inflexión para la CGT. La conducción deberá resolver si mantiene la estrategia gradual que viene impulsando o si cede ante la presión de los gremios que reclaman acelerar la confrontación con el Gobierno mediante un paro nacional de 36 horas. El resultado de esa pulseada marcará el rumbo de la conflictividad sindical durante la segunda mitad del año.