La liberación de Néstor Segovia sobre el filo de la medianoche del miércoles le puso fin al paro por tiempo indeterminado que habían decretado los metrodelegados como consecuencia de la detención del secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) y de otros 15 trabajadores. Pero estuvo lejos de ser el epílogo de una disputa cuyo núcleo central pasa por otro lado: la negociación salarial, una pulseada que amenaza con seguir provocando interrupciones en el servicio y complicaciones a 1.300.000 pasajeros que utilizan el subte todos los días.

Después de un martes caliente, cuando se produjo una violenta escalada en el conflictoque lleva un mes, los metrodelegados se tomaron al menos 24 horas para replantear el plan de lucha que incluyó jornadas con apertura de molinetes y paros rotativos en las seis líneas y el premetro. El escenario planteado hoy es diferente, porque también el Gobierno endureció su postura y anunció que no negociará con un gremio que fue rechazado por un fallo de la Corte Suprema. Y fue más allá al advertir nuevas sanciones y hasta despidos, en caso de ser necesarios. Hasta el momento fueron enviados 150 telegramas con suspensiones de entre cinco y 15 días, sin goce de sueldo.

"Vamos a buscar otras variantes, pero nunca vamos a ir hacia atrás con las medidas. Los hechos del martes endurecieron a muchos compañeros que quieren continuar con los paros", dijeron desde la Agtsyp, que cuenta con 2600 trabajadores afiliados de los 3500 que integran toda la red de subte. El resto responde a la Unión Tranviaria Automotor (UTA), el gremio autorizado a negociar los acuerdos salariales.

La disputa sindical con la UTA es el principal foco de un conflicto histórico. Los metrodelegados obtuvieron la personería gremial en diciembre de 2015, pero la Corte Suprema se la revocó este año, por lo que perdieron la posibilidad de representación de los trabajadores. Sin embargo, el reclamo se mantiene vigente y más encendido que nunca luego de la paritaria firmada en abril entre la UTA y el gobierno porteño, de un 15%. La Agtsyp exige un 25% para este año y un 9% de recomposición salarial por 2017.