Los metrodelegados denunciaron penalmente a dos funcionarios del Ministerio de Trabajo por “amenazas e incumplimiento de deberes de funcionario público” y presentaron un amparo contra una resolución de la cartera laboral que impide que los afiliados a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Agtsyp) hagan sus aportes a través del sistema bancario.
La denuncia contra el secretario de Atención al Ciudadana, Lucas Fernández Aparicio, y el director de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Adolfo Saglio Zamudio; ambos del Ministerio de Trabajo, quedó radicada en el juzgado criminal y correccional 16, a cargo de Mariano Iturralde, con intervención de la fiscal Paula Asaro. Los metrodelegados acusaron a esos funcionarios por incurrir en “amenazas a dirigentes del sindicato, inspecciones sorpresivas y en la emisión de una disposición contraria a derecho que impide a los afiliados aportar al gremio vía débito bancario”, además de “conminar a los bancos a no trabajar con la Agtsyp”. El dirigente gremial Claudio Dellecarbonara definió como “ilegal y antidemocrática” la resolución del mes pasado del Ministerio de Trabajo que impide a las entidades bancarias retener vía débito automático la cuota que los trabajadores “quieren pagar voluntariamente” al sindicato.
“Es un nuevo intento por deslegitimar a los metrodelegados”, concluyó.
Además de la presentación judicial, que lleva la firma del secretario general de Agtsyp, Roberto Pianelli, los metrodelegados denunciaron los hechos ante la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “El accionar ilegal contra la Agtsyp no solamente implica responsabilidad penal para los funcionarios sino que lleva al Estado argentino al incumplimiento de obligaciones ante los sistemas internacional e interamericano de Derechos Humanos”, argumentaron.
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