De esta manera, la central obrera desistió de sumarse al paro de 36 horas con movilización que impulsa el ala más combativa nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que viene reclamando una respuesta más contundente frente al avance del proyecto oficial.

Tras el encuentro, el triunviro Jorge Sola confirmó el rumbo elegido: “La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”.

Según definieron los dirigentes, el próximo lunes marcharán hacia el Palacio de Tribunales para acompañar la impugnación, pero no habrá convocatoria abierta a trabajadores ni afiliados. La movilización será encabezada por dirigentes y delegados, en una señal de moderación que generó malestar en sectores internos que reclamaban un plan de lucha más activo.

Durante la reunión, Juan Carlos Schmid, referente de Dragado y Balizamiento y titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), planteó avanzar con paros sectoriales en defensa de los salarios y las condiciones laborales. En la misma línea, Omar Maturano, líder de La Fraternidad, propuso convocar al Comité Central Confederal, el máximo órgano ejecutivo de la CGT, para debatir y definir nuevas medidas.

La reforma laboral, que ya obtuvo media sanción en el Congreso, incluye cambios en indemnizaciones, modalidades de contratación y régimen de despidos, puntos que desde distintos gremios consideran regresivos para los derechos conquistados. En un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo —con una inflación interanual que sigue impactando de lleno en los salarios registrados y no registrados— la discusión sobre el alcance de la reforma se cruza con la preocupación cotidiana de millones de trabajadores.

Con esta decisión, la CGT opta por una estrategia institucional y judicial, mientras el ala dura avanza con un paro de 36 horas que podría tensar aún más el mapa sindical en las próximas semanas. Para muchos trabajadores, la pregunta que queda abierta es si la vía judicial alcanzará para frenar los cambios o si el conflicto escalará en las calles.