Por Gabriela Pepe

Mientras espera la invitación de la Casa Rosada para abrir un canal de negociación, la CGT afina el análisis del borrador de la reforma laboral que impulsa Javier Milei para ser presentado el 9D, un paper que ya circula entre abogados y especialistas.

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Entre los puntos que más preocupan a la cúpula sindical hay cuestiones relacionadas con derechos individuales y también con lo colectivo, vinculadas a la organización gremial.

En el sindicalismo coinciden en que el proyecto tiene un nivel de detalle nunca antes visto, que se acomoda a las demandas muy precisas del sector patronal. “Hay artículos con pequeños ajustes que parecen haber sido tomados de las situaciones que complican a los empresarios en los juicios laborales”, apunta ante Letra P un hombre de la CGT que estudió el texto.

Según esa perspectiva, los cambios que propone el Gobierno resultan “regresivos” para los trabajadores y hasta contradicen cuestiones medulares del derecho laboral, como el principio prooperario o el de progresividad, que están en línea con los tratados internacionales suscriptos por Argentina.

El punteo de la CGT

Con la excusa de darle “mayor libertad” a la relación laboral, la propuesta del Gobierno parte de la premisa que plantea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone “civilizar” el contrato de trabajo, al considerar como partes iguales al empleador y al trabajador.

El derecho laboral, por el contrario, tiene como fundamento un principio rector, que establece que el trabajador y el empleador no son partes iguales en una relación. Ese pilar se conoce como principio protectorio y busca equilibrar la relación laboral al considerar al trabajador como la parte más débil de la relación.

El Consejo de Mayo trabaja en la reforma laboral. Por la CGT participa Gerardo Martínez.

Entre los ajustes que, considera, afectan los derechos individuales de los trabajadores, la central obrera identificó algunos relacionados con el cómputo de la antigüedad y las licencias:

1) Antigüedad. El artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo consagra el derecho de que todo el tiempo trabajado en la empresa, aun en diferentes períodos, se acumule a efectos de establecer la antigüedad. El borrador del Gobierno propone borrar la antigüedad del trabajador en los contratos sucesivos.

2) Licencias por maternidad. La ley vigente otorga una licencia de 90 días para la persona gestante, que pueden repartirse en 45 días anteriores al parto y hasta 45 jornadas posteriores. Eso puede modificarse por pedido de la persona interesada, pero siempre debe respetar los 90 días.

Para el caso de los padres varones, la licencia actual es de dos días, el número más bajo de todos los países de Sudamérica. Por eso, muchos proyectos de la oposición promueven la ampliación de la licencia por paternidad. En cambio, el borrador del Gobierno propone que ambos progenitores administren los 90 días vigentes y decidan quién de los dos quiere tomarlos.

3) Licencia por enfermedad. En Argentina, la ley prevé que el accidente o enfermedad inculpable no afectará el derecho del trabajador a percibir su salario por un período mínimo de tres meses. Durante ese lapso, se percibe el salario completo. La Casa Rosada propone que la cobertura por enfermedad o incapacidad se reduzca al 80%.

4) Extinción de la relación laboral. El proyecto bloquea la posibilidad de que el trabajador inicie un juicio al empleador una vez extinguida la relación laboral de mutuo acuerdo a pesar de que existan motivos contemplados en la ley.

5) De los juicios laborales. El texto propone modificaciones a las leyes de procedimiento laboral que contemplan la inaplicabilidad de la caducidad de instancia. La caducidad es un modo de extinción del proceso por falta de acción de las partes que se aplica en el derecho civil. En el caso de los juicios laborales, cuando el trabajador no acciona, el fiscal lo hace de oficio. El Gobierno propone que, en caso de que el trabajador no impulse la acción, la empresa pueda pedir la caducidad de instancia y el juicio se caiga.

Gremios en la mira del Gobierno

Como contó Letra P, hay propuestas del texto que tienden a debilitar la acción colectiva de los trabajadores, representados por los sindicatos. Entre los puntos más salientes se identifican intentos por desarticular a los gremios en términos económicos y de actuación.

6) Cláusulas de solidaridad. Las cuotas solidarias son aportes que hacen los trabajadores que no están afiliados al gremio, pero que se benefician también del convenio colectivo de trabajo, el cierre de paritarias y las negociaciones por condiciones laborales que hacen los sindicatos. Actualmente se descuentan de manera automática del recibo de sueldo. El Gobierno propone pasar a un sistema que trabaja la recaudación de los sindicatos, al obligar a los trabajadores a autorizar la retención de manera explícita. También hay nuevos requisitos para el caso de los afiliados.

7) Ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. La ley establece que los convenios colectivos de trabajo (CCT), que suscriben empleadores y sindicatos o federaciones de trabajadores, sólo pueden reconocer mayores derechos que la ley de contrato de trabajo, que opera como piso. El Gobierno quiere barrer el principio que establece que un convenio mantiene su vigencia hasta tanto sea reemplazado por otro nuevo. Eso obligaría al sindicato a renegociar con las empresas de manera permanente – con el lógico desgaste que implica- y dejaría a los trabajadores sin el amparo de los convenios colectivos, cuando lleguen a su fecha de vencimiento.

8) Principio de progresividad. Según el borrador, un CCT podría modificar a otro en cualquier sentido. Esto quiere decir que podría ser regresivo, en contra del principio que establece que los derechos laborales solo pueden mejorar.

Las paritarias según Javier Milei

9) La negociación colectiva. En Argentina rige el principio de negociación por sector o rama de actividad. Eso implica una protección homogénea de los trabajadores en todo el territorio nacional y en todas las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas. El Gobierno propone cambiar ese paradigma a la negociación colectiva por región o por empresa, al establecer que un convenio de ámbito menor debe prevalecer frente a otro de ámbito mayor. Así, intenta descentralizar la negociación y debilitar a los sindicatos en la discusión.

10) Comisión interna. El texto propone reducir la representación gremial en las empresas. En la actualidad, las empresas que tienen entre 10 y 50 empleados deben tener un delegado. La propuesta es que las empresas con menos de 50 empleados no tengan representantes gremiales.