El conflicto que rodea a la Obra Social de los Peones Rurales (OSPRERA) sumó un nuevo capítulo judicial con una resolución del juez federal Sebastián Casanello, quien investiga una presunta maniobra política y administrativa para intervenir la obra social en favor de sectores internos enfrentados al secretario general de la UATRE, José Voytenco.

La decisión del magistrado apunta directamente a funcionarios del Ministerio de Capital Humano —entre ellos, el secretario de Trabajo Julio Cordero— y a dirigentes afines al oficialismo libertario. Todos ellos están señalados en la causa por integrar, supuestamente, un “acuerdo criminal” para direccionar negociados y afectar la conducción gremial, según denunciaron los abogados del sindicato.

Ampliación de registros telefónicos y geolocalización

Entre las medidas ordenadas, Casanello dispuso ampliar el período de análisis de comunicaciones, retrotrayéndolo hasta el 15 de octubre de 2024. Las compañías de telefonía móvil deberán entregar listados de llamadas entrantes y salientes, tráfico de comunicaciones y datos de geolocalización.

Los números bajo análisis pertenecen a varios de los señalados en la denuncia:

- Guillermo Comadira, exsecretario de Trabajo y figura central en el expediente;

- el diputado libertario Pablo Ansaloni;

- los dirigentes y exdirigentes de UATRE Julio Cordero, Claudio Aquino, Aixa Petriatti, Marcelo Petroni y Marcelo Andrada, entre otros.

Fuentes del expediente explicaron que la ampliación temporal busca determinar si los vínculos sospechados existían antes de decisiones administrativas clave, como la suspensión preventiva del congreso nacional de UATRE. El objetivo central es reconstruir la posible existencia de un plan previo para intervenir OSPRERA.

La Secretaría de Trabajo deberá entregar 19 expedientes completos

La resolución también ordena a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entregar 19 expedientes administrativos vinculados a seccionales de UATRE en Buenos Aires, Salta, Río Negro, Jujuy, Mendoza, Entre Ríos, San Juan, Neuquén y Santiago del Estero.

La Justicia busca determinar si hubo irregularidades, manipulación o direccionamiento en esos trámites, que podrían haber servido de argumento para avanzar contra la representación sindical.

Comadira, bajo especial vigilancia

El juez Casanello puso especial atención en el rol de Guillermo Comadira, sobre quien se ordenó remitir su legajo personal y toda actuación interna relacionada con sus funciones en la cartera laboral.

Además, la Secretaría de Trabajo deberá entregar la totalidad de los registros fílmicos, ingresos, egresos y horarios de permanencia de Comadira en el organismo entre el 15 de octubre de 2024 y el 16 de julio de 2025.

Intervención policial y reconstrucción de la cadena de decisiones

Las medidas serán ejecutadas por el Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina, que deberá actuar el miércoles 26 de noviembre de 2025. Si los documentos no estuvieran disponibles en el momento del operativo, la Secretaría deberá enviarlos luego en formato digital para que el juzgado continúe la reconstrucción de la secuencia de decisiones que derivaron en la intervención de OSPRERA.

El nuevo avance judicial profundiza la crisis interna en UATRE y expone el grado de injerencia que habrían tenido funcionarios del Gobierno libertario en la estructura gremial. La investigación sigue abierta y se esperan nuevas medidas en los próximos días.