Por EUGENIA RODRÍGUEZ

Para poner en marcha su “reforma integral de 35 años", el candidato presidencial de la Libertad Avanza en las elecciones 2023, Javier Milei plantea tres etapas. En la segunda de ellas implementaría, según la plataforma electoral, los puntos centrales de una reforma laboral: eliminación de indemnizaciones, de cargas patronales y “costos” laborales, intervención de sindicatos e incluye también “achicar el Estado con la oferta de retiros voluntarios”, a lo que se sumaría una reforma previsional para "recortar gasto en jubilaciones”. 

El mecanismo de los retiros voluntarios no es algo nuevo en nuestro país, fue parte central del proceso de privatizaciones en los años noventa y también de las políticas de ajuste en el macrismo. Sin embargo, su puesta en marcha implica violar el artículo 14 bis de la Constitución nacional sobre estabilidad del empleo público, conlleva no solo perder la fuente permanente de ingresos sino también el acceso a una obra social y a un futuro previsional, en tanto que, además, el impacto del salario estatal en el presupuesto es apenas del 2% del PBI, según indicaron a El Destape especialistas consultados. 

En ese sentido, un aspecto sobre el que se pone el ojo tiene que ver con que el empleo público no puede quedar “a merced de un gobierno", en tanto que las políticas públicas que posibilitaron -por ejemplo- hacer frente a la crisis sanitaria por Covid-19 se concretan en gran medida, por la experiencia y sostenimiento cotidiano de las y los trabajadores que aparecen, una vez más, como la variable de ajuste. 

El objetivo detrás de los retiros 

“En los noventa para no pagar indemnizaciones las empresas implementaron la figura de los retiros voluntarios, venían y te ofrecían tal cantidad para irte. Si vos no lo agarrabas, porque no te convenía, te perjudicaban hasta psicológicamente. Tengo compañeros a los que los pusieron en una oficina sentados 8 horas, sin teléfono, sin computadora, sin nada y así los presionaban para terminar aceptando, además si quizás te correspondía llevarte 2.000 pesos tenías que arreglar con 200 pesos. Esa es la realidad, por eso decimos que los retiros voluntarios son despidos encubiertos”, señaló en diálogo con este medio Jorge Galati ex trabajador de la empresa SEGBA (energía) privatizada en los noventa. 

El trabajador se encuentra, después de 30 años, reclamando junto a otros trabajadores que se desempeñaban en diferentes empresas públicas en el menemismo, para acceder a la reparación indemnizatoria que les corresponde, y fue contundente al señalar que “no solo se pierde la fuente de trabajo, sino también la continuidad de los aportes jubilatorios y es muy difícil poder insertarse nuevamente en un trabajo formal”. Sobre lo vivido en un contexto de políticas similares a las que aparecen en escena actualmente agregó que “pasaban tres años y no teníamos paritaria, las cosas aumentaban pero uno seguía cobrando la misma plata y los abusos hacia los trabajadores tenían mayor vía libre, por eso insisto en que nos tiene que preocupar la posibilidad de volver a estar en jaque como trabajadores, cuando nos dicen ‘hay que bajar las cargas del empleador’ eso se traduce en dejar de ser empleados de convenio y convertirnos en monotributistas que prestamos servicios, donde tenés jubilación porque te la pagás vos mismo, no te tomás vacaciones porque si no trabajas no entra plata a tu casa, y ni hablar si te enfermás”. 

Al respecto, en el informe “Los efectos de las privatizaciones sobre la ocupación en las empresas de servicios públicos” publicado en el 2001 por Marisa Duarte del IADE, se indicó que la reestructuración del Estado mediante retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y cesantías generó “una abrupta caída del empleo de las empresas públicas entre 1990-1993 que reducen en absoluto más de 110.000 puestos de trabajo, y por otro la tasa de desocupación que no había superado hasta entonces los ocho punto porcentuales, comenzó una escalada que alcanzó los 18 puntos. Las empresas de servicios públicos aportaron con 2,3 puntos aproximadamente a ese incremento”.

Por su parte, al ser consultada, la abogada laboralista Natalia Salvo recordó que “la propia Constitución Nacional establece en su artículo 14 bis la estabilidad del empleado público para que justamente la modificación de los gobiernos no altere la estructura del Estado, excepto los cargos políticos. Sin embargo, la prédica neoliberal después de la última dictadura se consolidó en este lema de que achicar el Estado es agrandar la Nación”. En esa línea analizó también que “el proyecto político y económico que tiene la ultraderecha es convertir a todos los trabajadores en relación de dependencia en emprendedores o monotributistas, de manera que no exista lo que ellos llaman ‘costos’ y que para nosotros son derechos. Esa es la puja distributiva que se viene llevando a cabo desde mediados del siglo XX cuando el Estado de Bienestar a nivel mundial hizo eclosión, frente a eso hay una idea de achicar al Estado a costa de los trabajadores”. 

Desde la CTA Autónoma, consideraron en relación que “lo que propone Milei es lo mismo que ya hicieron Menem y Macri en el país, que fue reducir las estructuras del Estado, echar trabajadores de diversas maneras y reducir salarios, reforzar las estructuras de carácter represivo y reducir las estructuras sociales, como educación, salud, políticas sociales, y obviamente ir contra el desarrollo científico-tecnológico y la capacidad de regulación de parte del Estado para ponerle límite a los sectores concentrados y monopólicos de la economía”. Así lo señaló en comunicación con este medio el secretario general Hugo “Cachorro” Godoy, quien recordó que “Macri echó a más de 35.000 trabajadores y utilizó el retiro voluntario como un mecanismo de expulsión, de desaliento de los derechos laborales” y llamó la atención sobre el sistema de seguros de retiro en reemplazo de las indemnizaciones que propone Milei ya que “es el mismo esquema que aplicó la dictadura de Onganía y que todavía rige en el país en la industria de la construcción. Los patrones les hacen un descuento a los trabajadores que depositan en una cuenta de retiro y entonces no les pagan indemnización. El trabajador, cuando termina la obra, pierde su trabajo y en todo caso sobrevive con un porcentaje de su salario, y en definitiva lo que se hace es liberar a la patronal de su obligación, habilitando además el despido”. 

Soledad Santellán es responsable del área SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público) y secretaria de convenios colectivos de ATE Capital, y al ser consultada detalló que “el impacto del salario estatal en el presupuesto es muy bajo y no mueve absolutamente el amperímetro”. Puntualmente, “en los últimos 4 años se ubicó en torno a un 2% del PBI y entre un 8% y un 10% de todo el presupuesto de la Administración Pública Nacional”. En esa línea, remarcó que “es fundamental reconocer la estabilidad del empleo público, que no puede quedar a merced de un gobierno. Cuesta mucho crear expertos en políticas públicas, personas que están atendiendo a la niñez, a los ancianos, a las obras públicas, entonces la estabilidad, que es un derecho constitucional, lo que hace es proteger a los trabajadores y trabajadoras del Estado, porque los gobiernos pasan, pero el Estado queda”.

Consecuencias para los laburantes

Respecto de qué implica para las y los trabajadores perder la estabilidad laboral, Salvo, presidenta del Corriente de Abogados 7 de julio, consideró que “lo que plantea Milei, primero, viola la Constitución Nacional y además pretende achicar la planta de trabajadores del Estado sin considerar que son quienes llevar a cabo las políticas públicas sociales, es decir, quienes sostienen la justicia social”. Sobre esto cuestionó que “los derechos laborales propios de una relación de dependencia se pretendan instalar como beneficios, cuando en realidad son los derechos que vienen incorporados al contrato de trabajo, por lo que la utilización de este tipo de modalidades lo que fomenta es la precarización laboral”. 

Santellán consideró, por su lado, que “si se deja la regulación en manos del mercado, los trabajadores quedan en una situación de vulnerabilidad y también un montón de ciudadanos y ciudadanas, porque el Estado tiene una función social al atender necesidades concretas. Sin dudas hay muchas cosas para mejorar, desde lo mínimo que es reconocer salarialmente a los trabajadores y trabajadoras pero no se soluciona afectando los derechos laborales”. Mediante el esquema de retiros “el trabajador no solo se queda sin ingresos permanentes sino que se queda sin aportes, sin aguinaldo, sin obra social, y también el Estado se queda sin una persona que es garante de políticas públicas”. 

“Es volver a los noventa en el peor de los sentidos desde el punto de vista del trabajador ”, expresó Galati y agregó “no nos tenemos que olvidar de los noventa, al principio quizás nos hacían creer una cosa ficticia, que se mantuvo un tiempo, pero después terminamos en el 2001, con toda la pérdida de laburos formales, los directos e indirectos que daban las empresas del Estado en ese momento, y todo eso yo no lo quiero para mi hijo”.

Las y los entrevistados mencionaron también la experiencia en el mismo sentido implementada entre 2016 a 2019. “Lo que sucedió con el macrismo fue similar con una narrativa que apuntaba contra ‘la grasa militante del Estado’ y que sirvió para dar lugar a despidos masivos” dijo Salvo y consideró que no solo afecta al empleo público sino que tiene consecuencias para el conjunto del mundo del trabajo: “tanto en los noventa como en el macrismo creció el desempleo y la informalidad laboral. Me pregunto además qué hubiera pasado en la pandemia sin un Estado presente con todos sus trabajadores”. 

En el mismo sentido, Godoy alertó que “no es menor” que las propuestas de los programas electorales de candidatos de la oposición señalen directamente que "buscan privatizar áreas vinculadas al desarrollo científico-tecnológico y a la actividad productiva. Todo lo que hoy en ARSAT, la actividad aeroespacial que está en manos del Estado, el porcentaje que tiene el Estado administrando YPF, la potencia de Aerolíneas Argentinas y, fundamentalmente, el sistema previsional que quieren utilizarlo como mecanismo de entrega a los bancos habilitando un sistema de privatización nuevamente”. 

Persecución sindical

Para poder llevar a cabo este tipo de medidas que perjudican a las y los trabajadores se plantea, en paralelo, la intervención sindical. Sobre ello, la abogada consultada planteó que “el enemigo que eligió la derecha es sin dudas los sindicatos" y recordó que "ya el macrismo intervino 23 sindicatos, la misma cantidad que la dictadura del ‘76, que intervino la CGT. Tenemos una ley de asociaciones sindicales de 1988, es decir que tardamos cinco años a recuperarla, y justamente lo que establece es que la autoridad administrativa, que es el Ministerio de Trabajo, no tiene que intervenir los sindicatos si no es por causas específicas y con la intervención judicial, pero se hizo igual porque es necesario para poder llevar a cabo un plan económico de exclusión y de destrucción de la matriz productiva y para instalar otra vez la bicicleta financiera”. Asimismo consideró que “el campo nacional y popular tiene que proponer, tiene que ampliar los derechos laborales e intervenir en el mercado para que esas empresas generen trabajo de calidad”. 

En esa sintonía, “Cachorro” Godoy resaltó que “la estrategia de fortalecer las estructuras represivas del Estado y de inteligencia que proponen ahora, sigue la misma lógica de la Gestapo que promovió María Eugenia Vidal como gobernadora, con un ejemplo muy claro de la persecución a la dirigencia sindical, y que hoy los candidatos declaran libremente que harán”. Para cerrar destacó que “los trabajadores y trabajadores siempre resistimos y aunque nos amenacen vamos a ganar la calle porque así como enfrentamos a la dictadura, lo vamos a seguir haciendo porque está en la ADN de la clase trabajadora organizada. Tenemos una gran capacidad de resistencia, a veces nos falta capacidad de unirnos y encontrar soluciones de fondo, pero no para resistir y defender valores y derechos fundamentales. No nos van a pasar por encima".