Durante los primeros 23 meses de la gestión de Javier Milei, el mercado laboral argentino mostró un deterioro sostenido. Según un informe del CEPA, elaborado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo –SRT-, entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 21.046 empleadores con trabajadores registrados, lo que equivale a 30 empresas menos por día.

En el mismo período, el empleo registrado cayó en 272.607 puestos, una reducción del 2,77%, a un ritmo cercano a 400 trabajadores menos por día. El ajuste impactó con fuerza en sectores estratégicos: Transporte y Almacenamiento fue el más afectado en cantidad de empleadores (-5.042), mientras que la Administración Pública encabezó la pérdida de empleo en términos absolutos, con 83.014 puestos menos, y la Construcción sufrió la mayor caída relativa, con un desplome del 15,6% de su dotación laboral.

El informe también revela una dinámica regresiva por tamaño de empresa. Mientras que el 99,63% de los empleadores que cerraron son firmas de hasta 500 trabajadores —principalmente pymes—, la mayor parte de los despidos se concentró en empresas de gran porte. El 66,8% de los puestos de trabajo perdidos correspondió a compañías con más de 500 empleados, lo que da cuenta de una estrategia de ajuste que combina destrucción del entramado productivo chico y recortes masivos en grandes unidades económicas y en el Estado. Este doble impacto profundiza la fragilidad del empleo formal y amplía la incertidumbre sobre la capacidad de recuperación del mercado laboral.

A este escenario se suma la evolución inflacionaria de 2025, que terminó de erosionar el poder adquisitivo. Tras una desaceleración momentánea en mayo (1,5%) y junio (1,6%), la inflación volvió a mostrar una tendencia ascendente sostenida desde julio, cerrando el año con registros mensuales que pasaron del 1,9% en julio y agosto al 2,8% en diciembre.

En términos acumulados, esta dinámica implicó que el Gobierno no lograra consolidar un sendero de desinflación estable desde mayo, mientras las paritarias permanecieron contenidas y amplios sectores de trabajadores informales directamente quedaron fuera de cualquier mecanismo de actualización de ingresos. El resultado es una pérdida persistente del poder de compra, tanto para trabajadores registrados como no registrados, que tensiona el consumo, debilita la actividad económica y coloca en discusión la sustentabilidad del modelo económico vigente.