La misma fue aprobada por el Congreso de la CSA, al mismo tiempo, contó con el apoyo de los representantes de la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la CUT Brasil, la CUTH de Honduras y la Internacional de Servicios Públicos. La moción del Martínez demandó la “liberación de las patentes” e instó a los gobiernos regionales a reconocer al COVID-19 como enfermedad profesional.

En su exposición, Martínez, indicó que “las vacunas son herramientas vitales para salvar vidas en la pandemia y deben ser un bien común de la humanidad. La OMS calificó a la producción y distribución de las vacunas como ejemplo de desvergüenza y grotesca desigualdad que pone en tela de juicio el multilateralismo”. 

Del mismo modo expresó “ante la pandemia financiera el multilateralismo reaccionó al unísono, reactivando el funcionamiento del G 20 y promoviendo y aconsejando que los recursos públicos tenían que salir al salvataje del sistema económico financiero mundial. Queda en evidencia que ante esta pandemia sanitaria el G 20, el G7 y el G 2, han mirado para otro lado”. 

“Han demostrado que el multilateralismo juega a favor de las corporaciones y no para beneficiar la salud de los habitantes del mundo. Como ejemplo, en el G 20 de Arabia Saudita, la primer reunión de Ministros de Salud no llegó a consensuar un documento para actuar ante esta esta emergencia sanitaria”, remarcó el dirigente sindical.

En ese contexto, Gerardo Martínez, enfatizó “digamos las cosas como son: La industria farmacéutica una vez más se adueñó de la vida de nuestros pueblos. Es necesario que la política mundial y fundamentalmente la que se determina en los países desarrollados y ricos actúen en consecuencia, universalizando las patentes, en la elaboración de las vacunas que desarrollan entre 5 o 6 laboratorios mundiales”. 

El Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT remarcó que “como dice el Papa Francisco, la vacuna contra el COVID-19 debe ser la considerada un “bien común universal””. 

“Recordando a Sabin necesitamos un gesto humanitario a través de la creación de un fondo global para la protección social que contemple que la producción y distribución de la vacuna sea de libre acceso sin distinguir entre países ricos y países pobres. Es necesario discutir un nuevo contrato social que garantice el desarrollo económico con Justicia Social”, concluyó Martínez.