En el Gabinete de Alberto Fernández aclararon que esa alternativa, clausurada parcialmente por un fallo de la Corte Suprema de 2017, no se incorporó a la agenda del Ejecutivo. Así, el planteo continuará de momento como parte de la carpeta de demandas irresueltas de sectores policiales y penitenciarios con eco en juristas reconocidos, en particular del arco progresista como el excortesano Eugenio Zaffaroni.

En el campo laboral argentino las opiniones también son divergentes. La conducción de la CGT en general se mostró desconfiada de esa posibilidad mientras que otras expresiones, que van desde las dos CTA hasta los grupos de sindicatos que orienta el camionero Hugo Moyano, con mayor o menor énfasis, se pronunciaron a favor en los últimos años. La clave pasa por la consideración del policía en relación con el Estado como empleador y, sobre todo, en los alcances para el ejercicio de sus derechos a la protesta como trabajador.

Aunque sentó un precedente a tomar en cuenta en la materia, el fallo de 2017 del máximo tribunal abrió al mismo tiempo otras ventanas para el debate. Por caso se trató de una sentencia con el voto favorable de sólo tres de sus miembros, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Carlos Rosenkrantz, y la disidencia de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Los dos últimos reconocieron en sus resoluciones que les asiste a los integrantes de las fuerzas policiales el derecho a la libre sindicalización que garantiza el artículo 14 bis de la Constitución, que en ningún momento pone límites taxativos a esa posibilidad.

La opinión mayoritaria de la Corte siguió el criterio del Ministerio de Trabajo que años antes había rechazado otorgar la inscripción gremial a un sindicato de policías bonaerenses, Sipoba, basado a su vez en la legislación local que optó por prohibirles ese derecho a los miembros de la fuerza provincial. El paraguas para aquella negativa eran a su vez los convenios de la OIT que no obstaculizan la sindicalización policial pero al mismo tiempo reconocen la soberanía de los Estados para dictar su propia legislación en un sentido u otro.

De ese andamiaje jurídico se tomó la Corte Suprema para ratificar que “el vínculo entre el Estado y los funcionarios policiales es una relación de especial sujeción que justifica algunas restricciones, lo que crea una presunción de validez de las limitaciones impuestas a quienes se desempeñen en la Policía”. Las limitaciones para los policías tienen que ver con su condición de portadores de la facultad para el ejercicio legal de la fuerza represiva en nombre del Estado. Y una razón, menos jurídica pero más ligada a la memoria emotiva de la Argentina y de otros países de la región, tiene que ver con la participación de las fuerzas de seguridad como auxiliares de los golpes de Estado en la década del ’70.

Además de Zaffaroni, otros expertos abonan la tesis favorable a la sindicalización. En ese grupo se destaca Héctor García, profesor de la Universidad de Buenos Aires e histórico asesor de la CTA, quien recordó que muchos países habilitan esa posibilidad, entre los que se destacan Estados Unidos, buena parte de los europeos y en la región, Brasil y Uruguay. García complementa la lista con Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Túnez.

El experto admitió que la condición de personal armado genera inquietud en el análisis de la sindicalización pero apuntó que “dar el derecho a la agremiación no implica necesariamente otorgarlo para el ejercicio de huelga”. E incluso en ese caso indicó que existen mecanismos legales para ponerles límites a los márgenes de protesta del personal: “podrían manifestarse bajo la condición de hacerlo sin uniforme, armas ni vehículos oficiales”, razonó.

De hecho la propia OIT contempla los denominados “servicios esenciales” como actividades sujetas a limitaciones en la posibilidad de huelgas por parte de sus trabajadores. Son los casos del control aéreo, la prestación del servicio eléctrico, de gas y de agua potable y cualquier otra labor cuya interrupción pudiese ocasionar un riesgo inminente para la salud y el bienestar de la población. Bastaría con incorporar la prestación del servicio policial en ese rubro para ponerles límites a las protestas, que en definitiva quedarían sujetas a la reglamentación de una eventual ley.

Como puntos a favor, los especialistas que promueven la sindicalización mencionan que crisis como la de esta semana encontrarían un cauce institucionalizado mediante voceros formales del conflicto en lugar de encumbrar a líderes de facto, incluso policías exonerados de la fuerza como se vio en las manifestaciones. Y también, que al contar con un sindicato se haría más laxa la “obediencia debida” vertical en la fuerza de policías de menor rango hacia jerárquicos ante eventuales casos de corrupción.