El gobierno de Javier Milei resolvió aplicar multas millonarias contra dos de los principales sindicatos del transporte del país, en una decisión que generó fuerte repercusión en el ámbito sindical y laboral.

De acuerdo con lo publicado por el portal especializado InfoGremiales, las sanciones alcanzan a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y al gremio ferroviario La Fraternidad, que habían adherido al Paro General convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el pasado 19 de febrero.

Según trascendió, las sanciones económicas serían de gran magnitud: en el caso de la UTA rondarían los 70 mil millones de pesos, mientras que para La Fraternidad se ubicarían cerca de los 20 mil millones, cifras que impactaron en el escenario gremial.

La decisión fue impulsada desde el Ejecutivo a través del área laboral que depende del Ministerio de Capital Humano, bajo el argumento de que ambos sindicatos incumplieron conciliaciones obligatorias vigentes al momento de sumarse a la medida de fuerza.

De acuerdo con las versiones difundidas, el Gobierno evaluó inicialmente avanzar con sanciones aún más severas, entre ellas la eventual quita de la personería gremial, aunque finalmente optó por aplicar multas económicas como primera instancia sancionatoria.

La conciliación obligatoria había sido dictada previamente en conflictos sectoriales vinculados a negociaciones salariales. En el caso de la UTA, la medida se encontraba vigente desde el 10 de febrero, mientras que en el caso de La Fraternidad regía desde el 4 de febrero, con plazos que se extendían hasta fines de ese mes.

Se abre una disputa garantizada por la Constitución a favor del derecho a huelga de los sindicatos y una era de confrontación que involucra ahora a la Justicia

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es marcar un precedente respecto del cumplimiento de la normativa laboral, especialmente en lo referido al acatamiento de conciliaciones obligatorias, un mecanismo que busca suspender medidas de fuerza mientras se desarrollan negociaciones entre las partes.

Sin embargo, todavía no se conoce con precisión cuál será la estrategia judicial que adoptarán los sindicatos frente a estas sanciones, aunque en el ámbito laboral se descuenta que el conflicto podría trasladarse a los tribunales.

Fuentes consultadas por Notitrans entre especialistas en derecho laboral señalaron que el “caso presenta un debate jurídico relevante, ya que las conciliaciones obligatorias vigentes estaban vinculadas a conflictos sectoriales por paritarias y no necesariamente a la convocatoria a un paro general de alcance nacional”.

Según explicaron varios abogados laboralistas consultados por este medio, los “sindicatos sancionados se encuentran afiliados a la CGT, una central obrera con personería jurídica que resolvió la convocatoria a la huelga general”.

En ese contexto, algunos especialistas sostienen que la adhesión de sindicatos a un paro general dispuesto por la central sindical a la que pertenecen “podría interpretarse como el cumplimiento de un mandato orgánico, y no necesariamente como una violación directa de una conciliación obligatoria sectorial”. Algo que la Casa Rosada no reconoce.

“Habrá que ver qué sucede ahora con las presentaciones judiciales que realicen los sindicatos y con la interpretación que haga la Justicia”, señalaron expertos en derecho laboral consultados por Notitrans.

Los especialistas admitieron además su sorpresa ante la magnitud de las multas anunciadas, y consideraron que la decisión del Gobierno también puede interpretarse como un mensaje político hacia el sindicalismo del transporte de cara a futuros conflictos gremiales.

En este contexto, el caso abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y el movimiento sindical, mientras crece la expectativa sobre las actuaciones judiciales que podrían iniciar los gremios y el eventual criterio que adopten los tribunales frente a las sanciones impuestas.