Grave denuncia del gerente de la mutual ART Petroleros Privados por irregularidades en el SRT y apuntó contra las pericias judiciales

Grave denuncia del gerente de la mutual ART Petroleros Privados por irregularidades en el SRT y apuntó contra las pericias judiciales

El gerente general de Meopp ART Mutual, de Petroleros Privados, cuestionó el rol de la justicia laboral y advirtió sobre maniobras fraudulentas en la evaluación de incapacidades.

6 junio, 2025by Sonido Gremial0 comments

Gonzalo De la Sierra, gerente general de Meopp ART Mutual y dirigente del Sindicato de Petroleros Privados, realizó una fuerte denuncia ante lo que asegura un funcionamiento distorsionado del sistema de riesgos del trabajo en la Argentina, y apuntó de forma directa contra el circuito judicial que habilita lo que definió como “un negocio de unos pocos en perjuicio de muchos”.

En una carta pública, De la Sierra cuestionó la falta de controles en la designación y remuneración de los peritos médicos judiciales, a quienes acusó de otorgar grados de incapacidad sin sustento técnicocon el único fin de obtener mayores honorarios, ya que estos se calculan en función directa al porcentaje de incapacidad diagnosticado. “Hoy el mecanismo permite que cualquier profesional se inscriba sin control de idoneidad y cobre según el resultado del juicio en el que interviene”, afirmó.

El dirigente puso como ejemplo reclamos por incapacidades del 92% por lesiones menores, incluso mientras el trabajador continuaba cumpliendo tareas de forma habitual. También denunció que en varios casos la suma de incapacidades reclamadas supera el 100%, lo que evidenciaría, según sus palabras, “fraudes a la vista de todos”.

Además, advirtió que en provincias como Neuquén no están conformados los comités evaluadores establecidos por la Ley 27.348, lo que deja a la Justicia sin herramientas para regular la actuación de los peritos. “La Justicia debe conformar cuerpos médicos forenses y garantizar honorarios fijos e independientes del resultado del proceso”, reclamó.

De la Sierra afirmó que este esquema alimenta una litigiosidad récord, con más de 132.000 juicios por riesgos del trabajo en lo que va del año, situación que –según remarcó– pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, incrementa los costos laborales y desalienta la inversión. “Cuando los mecanismos de control fallan y se transforma en negocio lo que debiera ser un resguardo, el daño ya no es individual: es estructural”, concluyó.

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