La Justicia declaró inaplicable el régimen de Prestación Permanente Discontinua en Tierra del Fuego y abrió un nuevo capítulo en el conflicto laboral: el gremio metalúrgico pide que para 2026 todos los empleados bajo esa modalidad pasen a planta permanente.

El Cuerpo de Delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en las plantas del Grupo Mirgor presentó una nota formal en la que reclama la efectivización de los trabajadores encuadrados bajo el sistema de Prestación Permanente Discontinua (PPD). El documento, firmado por más de veinte representantes gremiales, establece que para mayo de 2026 la totalidad de esos operarios deben incorporarse a planta permanente con contratos por tiempo indeterminado. El planteo llega a pocos días del fallo judicial que declaró la inaplicabilidad del régimen PPD en Tierra del Fuego, un esquema que durante más de quince años fue convalidado por la propia UOM en las seccionales de Río Grande y Ushuaia y que hoy involucra a unos doscientos trabajadores del grupo Mirgor.

La resolución judicial cuestionó duramente el sistema, al que calificó de ilegítimo y arbitrario por contradecir la legislación vigente. En la práctica, este régimen permitió a las empresas mantener un alto nivel de flexibilidad, mientras que los operarios padecieron precariedad laboral, inestabilidad y la pérdida de derechos básicos como la continuidad de la antigüedad. Durante todos estos años los reclamos de los trabajadores fueron constantes: presentaciones administrativas, denuncias judiciales y asambleas, aunque sin resultados concretos, ya que la conducción sindical no impulsó medidas efectivas para poner fin a esta situación.

La presentación de los delegados ante la empresa parece marcar un cambio de actitud. Además de la exigencia de efectivización, el escrito incluye pedidos de incremento salarial, continuidad laboral asegurada por 24 meses y la creación de un premio anual para los trabajadores. No obstante, este giro de la UOM se produce en un contexto particular, ya que en Mirgor se avecinan elecciones de delegados. Esa coincidencia deja abierto el interrogante de si se trata de un verdadero cambio de rumbo en defensa de los derechos de los trabajadores o de un movimiento estratégico de reposicionamiento tras un fallo judicial que expuso crudamente las irregularidades del esquema PPD.