La foto actual de la industria láctea argentina expone un escenario de crisis sin precedentes. SanCor, ARSA, Lácteos Verónica y La Suipachense, cuatro nombres históricos del sector, están sumidos en parálisis productiva, concursos de acreedores, cheques rechazados por miles de millones de pesos y conflictos sindicales sin resolución.

En conjunto reúnen más de 2.200 trabajadores directos, la mayoría con salarios atrasados, suspendidos o directamente sin tareas. El derrumbe no sólo amenaza la supervivencia de las empresas, sino también el entramado social y económico de las localidades donde están insertas.

La caída dramática de estas compañías se precipitó este año. La combinación de consumo en baja, tasas financieras prohibitivas, inflación persistente y problemas de gestión generó un cóctel explosivo que aceleró la crisis. En paralelo, el mercado lácteo se reacomoda: las segundas marcas ganan terreno, no solo por el retroceso de estas grandes firmas, sino porque resultan más accesibles para consumidores golpeados por la pérdida del poder adquisitivo.

SanCor: el desguace de un emblema

La cooperativa SanCor, que supo ser la mayor láctea del país, continúa en concurso preventivo. Aunque en los últimos años se barajaron proyectos de inversión o rescate, hoy las discusiones giran más en torno al desguace de activos que a la llegada de un socio estratégico.

La producción es marginal: apenas entre 50.000 y 60.000 litros diarios, muy lejos de su capacidad histórica. En el último año perdió 500 puestos de trabajo y hoy cuenta con 850 empleados, luego de retiros voluntarios, jubilaciones y despidos.

Con un pasivo que ya supera los u$s400 millones, la cooperativa atraviesa una cuenta regresiva. El expediente concursal avanza lento y las plantas que alguna vez fueron emblema están prácticamente inactivas. La expectativa de que resurja como jugadora relevante parece cada vez más lejana.

ARSA: entre el concurso y la quiebra

El caso de ARSA (Alimentos Refrigerados S.A.), controlada por Vicentin y gestionada por la venezolana Maralac, es igual de dramático. Sus plantas de Arenaza (Buenos Aires) y Monte Cristo (Córdoba) permanecen cerradas desde mayo y el personal denuncia que la empresa difícilmente vuelva a funcionar.

ARSA está en concurso desde marzo de 2024, con un pasivo reconocido de $49.700 millones, más $67.300 millones en garantías por la compra de activos a SanCor. Pero los números siguen creciendo: acumula más de 540 cheques rechazados por $6.500 millones, según datos del Banco Central.

Los trabajadores denuncian vaciamiento de maquinaria y operaciones de facturación alternada con La Suipachense, también bajo control de Maralac, lo que derivó en una denuncia penal de ATILRA por defraudación. La Justicia dictó medidas cautelares para preservar activos, pero en el sector ya se habla directamente de quiebra inminente.

De los más de 500 empleados que tuvo, hoy menos de la mitad conserva vínculo con la empresa, aunque sin tareas concretas ni salarios al día. La comunidad de Arenaza, con apenas 2.500 habitantes, está devastada por la pérdida de su motor económico.

Lácteos Verónica: del top tres al Procedimiento Preventivo de Crisis

Lácteos Verónica, con tres plantas en Santa Fe (Clason, Lehmann y Suardi), vive una de sus peores crisis. De los 700 trabajadores directos, la mayoría está con sueldos atrasados y medidas de fuerza. La empresa viene abonando los salarios en cuotas y ejecutó despidos, mientras la producción se encuentra prácticamente paralizada.

La firma solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que le permitiría despedir al 30% del personal, reducir jornadas y pagar solo el 75% del salario como suma no remunerativa. El gremio ATILRA lo rechazó en bloque y el Ministerio de Trabajo pidió más documentación, por lo que el trámite quedó frenado.

En el plano financiero, Verónica acumula 2.800 cheques rechazados por más de $9.500 millones. Además, enfrenta denuncias por triangulación de activos con otras empresas de la familia Espiñeira, sus dueños.

En su mejor momento procesaba un millón de litros diarios; hoy, menos de 200.000. La recuperación se ve cada vez más lejana.

La crisis no empezó ahora. Desde 2017 la compañía atraviesa problemas de gestión y de financiamiento que fueron minando su estructura. Ese año, la familia Espiñeira –dueña de la marca– quedó en el centro de la escena por un blanqueo millonario de activos en el exterior, con una multa fiscal de $63 millones. Ese episodio dejó dudas sobre el manejo del negocio en tiempos de expansión y, como señalan los propios trabajadores, la crisis actual es “autoinfligida”.

La Suipachense: la nueva caída

La crisis de La Suipachense, ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha, es el último capítulo del derrumbe sectorial. Con 150 trabajadores directos, la empresa quedó prácticamente acéfala tras la salida sin aviso de sus dueños, el grupo venezolano Maralac.

Desde entonces, la planta sobrevive con una operatoria mínima impulsada por los propios empleados, que intentan sostener las líneas básicas de producción para no perder del todo el mercado.

En sus mejores años llegó a procesar 250.000 litros diarios de leche; a mediados de julio apenas recibía 40.000. Hoy, con los tamberos retirados por atrasos en los pagos, la producción está en cero. La situación financiera es crítica: acumula 595 cheques rechazados por $5.882 millones y enfrenta deudas con proveedores, transportistas y hasta con las prestatarias de energía. El riesgo de corte de luz y gas es inminente.

La tensión social en Suipacha crece día a día. Más del 60% de las familias dependen directa o indirectamente de la planta. ATILRA advierte que el cierre podría producirse en cuestión de días, mientras circula la versión de que los dueños vaciaron la compañía para forzar la quiebra.

Impacto en el interior productivo

Las cuatro crisis comparten un diagnóstico común: consumo interno en caída, pérdida del poder adquisitivo, falta de financiamiento y gestiones empresarias que no dieron respuestas a tiempo. La macroeconomía recesiva profundiza un cuadro que las compañías ya arrastraban desde hace años.

El derrumbe no solo significa miles de empleos en riesgo. También golpea a los tambos remitentes, que pierden clientes, y a las economías regionales, que dependen de estas industrias como motores de actividad.

En el interior productivo, cada planta cerrada implica comercios sin ventas, transportistas sin trabajo y comunidades enteras sumidas en la incertidumbre. Lo cierto es que el futuro de SanCor, ARSA, Verónica y La Suipachense está hoy más cerca de la quiebra que de la reactivación.