En pleno clima de discusión nacional sobre el rol del Estado en materia de discapacidad, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires organizó el primer Congreso Internacional “Discapacidad en la justicia: derechos y garantías”. El encuentro, realizado en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA, reunió a especialistas nacionales e internacionales, magistrados y funcionarios judiciales para debatir sobre accesibilidad, igualdad de oportunidades y protección de derechos.

La secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial porteño, Genoveva Ferrero, abrió y cerró el Congreso con un mensaje político directo: “En Argentina se está atravesando un momento muy crítico en donde se está replanteando si el Estado debe o no intervenir en materia de discapacidad”, advirtió. Y cuál fue su postura: “En el Poder Judicial sí creemos que el Estado tiene que estar presente, no sólo con sentencias, sino también con políticas públicas vinculadas a la igualdad”.

Entre los paneles destacados, el juez de Cámara Lisandro Fastman subrayó la responsabilidad del Poder Judicial frente a este desafío. “Lo menos que podemos hacer es poner el cuerpo y la escucha y reflexionar cuáles son las problemáticas para pasar de ser parte del problema a ser parte de las soluciones”, sostuvo. El magistrado insistió en que la discapacidad es una temática transversal que alcanza a todos los fueros judiciales.

El Congreso también contó con la presencia de Jorge Araya, secretario del Comité de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad, quien instó a los Estados a remover barreras y avanzar en el acceso real a la justicia. “Todavía hay un gran desafío que es transformar la accesibilidad a la documentación judicial, porque para muchos ciudadanos no es sencillo comprender la jerga judicial”, remarcó.

La realización del evento ocurre en un momento en que la política nacional atraviesa una fuerte controversia. El presidente Javier Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso, que buscaba sostener programas de asistencia hasta 2027. El veto fue rechazado por la Cámara de Diputados y Senadores.

A esta coyuntura se suma el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde salieron a la luz audios que comprometen al exdirector Diego Spagnuolo en un esquema de sobornos y que mencionan a Karina Milei, hermana del presidente. En ese marco, la señal institucional enviada desde el Poder Judicial de la Ciudad se convierte en un mensaje político de alto voltaje: mientras el Gobierno nacional recorta y enfrenta denuncias, la justicia porteña se posiciona en defensa de la intervención estatal y la ampliación de derechos.