Por Luis Autalan

La CGT mantiene latente la posibilidad de decretar un nuevo paro general o movilizaciones en rechazo a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Esa central, incluso con las diferencias históricas de los bloques gremiales que la componen, asiste a la ofensiva por la ley Bases -antes de la vuelta a fojas cero de esa iniciativa- como también del DNU, desde "la unidad en acción", como resaltan los dirigentes que la integran. En ese trazo ponnderan no subestimar los riesgos concretos que mantiene vigentes el megadecreto.

 Fue el triunviro Pablo Moyano quien adelantó la alternativa de nuevas convocatorias como la del 24 de enero y resaltó la interacción política cegetista con gobernadores y legisladores para rechazar las medidas de la Casa Rosada.

"Este gobierno está encerrado en su plan económico que, a la larga, va a estallar", vaticinó el camionero. Moyano incluso acotó que "la conflictividad social se va incrementando. No hay desde el gobierno una política económica ni social para contener a aquellos millones de argentinos que no llegan a fin de mes", precisó.

En idéntico sentido el consejo directivo de Azopardo se pronunció contra la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, luego de la decisión oficial de no atender a las personas que llegaron el lunes hasta esa cartera reclamando por ayuda para acceder a alimentos.

Recuerdos de los 90

La CGT se pronunció contra la tesitura de la funcionaria, alertó los riesgos de una emergencia alimentaria en el país y señaló que "un plato de comida no se le niega a nadie". Otra de las aristas que ocupan a la CGT es la decisión gubernamental de privatizar empresas públicas, entre ellas las prestadoras de servicios como Aysa. En ese tópico el secretario general de dicho gremio (Sgbatos) José Luis Lingeri no dudó en aseverar que "estas receta neoliberales en la que se entregan empresas estratégicas para la sociedad a manos privadas ya la hemos vivido en el pasado, y fracasaron". Lingeri apuntó que las privatizadas no invirtieron lo que debían en infraestructura "incumpliendo con los contratos establecidos dejando a gran parte de la población sin estos servicios esenciales", continuó explicando el dirigente.

Ofreciendo datos el sindicalista asevereó que Aysa, en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano, presta servicios de agua potable a 11.678.455 habitantes, más del 25% de la población total del país, y servicio de saneamiento a 9.560.215 habitantes más del 20% de la población nacional.

En las últimas horas desde el sector ferroviario el titular de La Fraternidad Omar Maturano ponderó el valor de mantener los servicios de trenes en la órbita estatal, adhiriendo a la tesitura de la CGT y anticipando que para marzo, en ocasión del aniversario de la nacionalización del sistema ferroviario los gremios se movilizarán para defender el transporte público y sus fuentes de trabajo.

La CGT además repudió la intervención de los medios públicos y la intención de privatizarlos, argumentando que esa decisión "va en contra de la soberanía nacional"y resaltó el rol central que cumplen para garantizar el derecho a una comunicación plural. Afirmaron mediante un comunicado que el decreto 117/24 por el cual se designó un interventor para administrar la Televisión Pública y Radio Nacional, Télam, Educar y Contenidos Públicos violan normativas vigentes y pasan por encima del Congreso.