La instancia reunió a 247 oradores en el marco de la Resolución 48/2025 y bajo los principios de participación establecidos en la Ley General del Ambiente (25.675) y el Acuerdo de Escazú. La mayoría de los participantes expresó su rechazo al procedimiento, al considerar que carece de legitimidad.

Durante su intervención, Moreno remarcó la necesidad de incorporar una evaluación social, ambiental y climática amplia en el próximo proceso licitatorio de la vía Paraná–Paraguay. En su planteo, criticó la intención de profundizar el dragado sin contemplar las variaciones hídricas vinculadas al cambio climático.

“No se puede seguir adaptando el río a las necesidades comerciales. Tenemos que adaptarnos nosotros al río para garantizar su sustentabilidad”, afirmó.

El dirigente señaló que el documento oficial omite considerar el aporte del transporte fluvial a la reducción de emisiones. Según datos aportados en su exposición, la navegación por barcazas emite entre 30 y 50 g de CO₂ por tonelada/kilómetro, mientras que el transporte carretero oscila entre 80 y 120 g. Además, sostuvo que trasladar el 10% de la carga de camiones a barcazas en el tramo Rosario–Buenos Aires permitiría reducir entre 250.000 y 300.000 toneladas de CO₂ anuales.

Moreno destacó también que un tren de barcazas de 15.000 toneladas reemplaza hasta 500 camiones, con un consumo energético cuatro veces menor. En este sentido, reclamó que el Estado incorpore indicadores ambientales al evaluar la importancia estratégica de la vía navegable.

Cuestionamientos al dragado a 44 pies

El referente gremial advirtió sobre los riesgos de avanzar hacia un dragado de 44 pies como se había propuesto en licitaciones previas, señalando que no existen antecedentes internacionales de un río sometido a navegación ultramarina con esa profundidad.

“Un dragado de esta magnitud aceleraría el escurrimiento del agua hacia el océano, afectando el equilibrio hídrico de una cuenca ya tensionada por la variabilidad climática”, indicó.

Moreno reclamó que cualquier proyecto integre el análisis del impacto en comunidades ribereñas, trabajadores, humedales y biodiversidad, con participación de sectores científicos y sociales.

Críticas a la ausencia de control estatal

El dirigente contextualizó su intervención señalando que las obras de dragado carecieron de evaluación ambiental estatal durante las últimas dos décadas. Recordó que la máxima autoridad ambiental del país reconoció ante la Cámara Federal de Rosario la inexistencia de estudios y controles oficiales desde 2011, situación que calificó como “alarmante” y contraria a la Constitución, la normativa ambiental vigente y el Acuerdo de Escazú.

En su cierre, Moreno enfatizó que el planteo se fundamenta en el derecho constitucional a un ambiente sano (artículo 41) y en las obligaciones internacionales de la Argentina.

“La Vía Navegable Troncal debe ser un motor de desarrollo sostenible. El manejo del río debe priorizar la ciencia, el ambiente, el trabajo y la soberanía nacional por encima de los intereses particulares”, concluyó.