Las reacciones del mundo sindical tras el pedido de 12 años de prisión y la prohibición del ejercicio de cargos públicos para la Vicepresidenta CFK, se multiplicaron.

«CFK es la líder del movimiento popular. Si vienen por ella, vienen por todxs. Nos declaramos en Estado de alerta», aseguró el titular de los estatales porteños de ATE, Daniel «Tano» Catalano.

Desde el gremio de marineros, SOMU, manifestaron su «preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social».

Para los conducidos por Raúl Durdos «La persecución judicial sobre la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner constituye una violación de los derechos humanos y las garantías constitucionales y que con el pretexto de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anularla políticamente».

«Aquí vemos una aplicación antojadiza del derecho, una carencia absoluta de pruebas y un despliegue mediático cuya única finalidad es dañar al peronismo y proscribir electoralmente a la Vicepresidenta», advirtieron desde el SOMU y se declararon en estado de alerta «en la defensa de las instituciones y los derechos fundamentales para los trabajadores como una justicia independiente».

Por su parte, la CTA de los Trabajadores denunció una «Conjura de los fiscales para proscribir a Cristina» y advirtió que «no dudará un instante en volcarse a las calles para acompañar a la Vicepresidenta» en caso de que este «proceso proscriptivo siguiera su curso y atentara contra la libertad de Cristina y contra la plena vigencia de la Constitución».

Además, señaló que «no hay una sola prueba que les permita sostener esta ‘patraña de fraude contra el Estado’ perpetrado por una pretendida ‘asociación ilícita’ que, tanto Cristina en su carácter de Presidenta de la Nación, como (el expresidente) Néstor (Kirchner), (exministro) Julio De Vido y otros habrían integrado para ‘sustraer fondos del Estado en beneficio particular'».

Y agregaron: «Esta conjura antidemocrática de la Fiscalía en la causa conocida como ‘Obra pública’ se mantiene con fiereza porque es la punta de lanza de toda una ofensiva gorila y antipopular que es alentada por los grandes grupos económicos y el conjunto del poder fáctico».

«No estamos en disposición de tolerar ningún golpe a la voluntad popular», completó la CTA.