El secretario general del Sindicato de Conductores de Ferrocarriles La Fraternidad, Omar Maturano, no rubricó las paritarias con el resto de los gremios del sector y ya se encienden las alarmas por una posible nueva protesta que detenga el servicio.

«No se acordó lo que nos adeudan por recomposición salarial debido a la inflación que viene sufriendo todo el pueblo trabajador», planteó el sindicato.

Además avisaron que el próximo viernes irán a otra audiencia y que una vez terminada quedarán en «libertad de acción» para tomar las medidas de fuerza que crean convenientes.

La Fraternidad viene de una huelga de trenes el pasado 21 de febrero que detuvo el servicio por 24 horas. Se cumplió a rajatabla y subió la tensión entre Maturano y la gestión libertaria de Javier Milei.

A través del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno nacional criticó el paro de trenes, al considerar que «todavía estaba abierta» la discusión salarial en ese sector de transporte, y advirtió que «se están estudiando» qué medidas aplicar ante la protesta «para que existan consecuencias» por interrumpir un servicio en el que se movilizan un millón de personas.

«Se están evaluando las medidas pertinentes para que esto no quede sin consecuencias», expresó el vocero.

La idea de aplicar sanciones que echó a rodar Adorni es compleja de aplicar. El derecho a huelga es constitucional, por lo que el mensaje fue tomado por el universo sindical como una amenaza de otra índole.

La sospecha es que la victimización del mileísmo viene de la mano con el inicio de una campaña sucia que ya empezaron desde hace un tiempo en las redes sociales y que podría escalar en los próximos días: la era del carpetazo.