Es en base a un trabajo de propia percepción desarrollado por el Monitor Sociolaboral de Opinión Pública de la Universidad Nacional de San Martín. Además, cayó la valoración del Gobierno y creció la ponderación de los gremios.
En junio de 2018, la percepción social sobre el presente y el futuro de la situación laboral empeoró considerablemente. Así lo mostró el informe del Monitor Sociolaboral de Opinión Pública desarrollado por el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín.
El trabajó constató que hubo empeoraron las variables respecto a marzo (cuando se realizó la medición anterior), y también en relación a junio de 2017. Incluso, en varias de las dimensiones indagadas se advierten las visiones más pesimistas desde que comenzó a realizarse la encuesta, en noviembre de 2016.
“Se podría afirmar que la irrupción de la crisis cambiaria y financiera (como hecho determinante) afectó drásticamente la mirada de la opinión pública respecto al escenario laboral”, señala el estudio.
Según la medición, entre los trabajadores se incrementó la sensación de inestabilidad laboral; aumentó la percepción de que la desocupación y la informalidad afectan a un mayor número de trabajadores.
También señala que se puede advertir un escenario de creciente precariedad que surge claramente del retroceso de la satisfacción de los trabajadores por sus condiciones laborales y el incremento de empleadores que no cumplen con los derechos laborales (según la población ocupada).
Especialmente particular es la percepción de los asalariados sobre sus ingresos. Es que 8 de cada 10 cree que se contrajo el poder adquisitivo de sus ingresos laborales en el último trimestre.
Una de las dimensiones más afectadas por el cambio en el contexto macroeconómico tiene que ver con los salarios y los ingresos reales. En junio de este año, dos terceras partes del total de los ocupados afirmó que sufrió una reducción del poder adquisitivo. Además, una proporción equivalente opinó que la pérdida de la capacidad de compra se extenderá a lo largo de todo el año.
Frente a este contexto, la opinión pública espera un incremento de la conflictividad en los próximos tres meses, al mismo tiempo que se observa un aumento de la legitimidad de la protesta sociolaboral.
Además, la mayoría de la población entiende que el Gobierno cuida los intereses de los empresarios y, en simultáneo, sólo una pequeña minoría considera que defiende los intereses de los trabajadores. Por otra parte, se observa una mejora en la percepción del rol sindical como protector de los derechos adquiridos.
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