A casi quince años del asesinato de Mariano Ferreyra, este martes 19 de agosto a las 10 en la Sala A de Comodoro Py (Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8, CABA) comienza un juicio clave. Esta vez no se trata del crimen en sí, sino del intento de soborno para torcer esa investigación.
Ferreyra fue asesinado el 10 de octubre de 2010 mientras protestaba contra la tercerización laboral en los ferrocarriles. En 2013 ya habían sido condenados los responsables materiales y quienes ordenaron el ataque . Pero quedaron otros involucrados, con conexiones en la Justicia y los servicios de inteligencia, que ahora por fin serán juzgados.
El fiscal es Marcelo Colombo. Los jueces del TOF 8 encargados son María Gabriela López Iñíguez, Sabrina Edith Namer y Nicolás Toselli . Los cuatro imputados procesados desde 2012 son:
- Octavio Aráoz de Lamadrid, ex secretario de Casación Penal: en su estudio apareció el dinero en dólares; habría prometido influir sobre jueces de la Sala III .
- Ángel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria (UF) y vicepresidente de Belgrano Cargas: se lo acusa de coordinar el pago con Pedraza y otrosSusana Rita Planas, directiva de Belgrano Cargas: señalada como partícipe secundaria en el otorgamiento del soborno .
- Luis Ameghino Escobar, encargado del sistema informático de asignación de jueces: acusado de aceptar los sobornos y manipular el sorteo para que la Sala III interviniera .
El vinculo central era el exagente de inteligencia Juan José Riquelme, que murió hace pocos días. Fue quien conectaba todas las piezas y ofrecía que la causa se tramitara en una sala “amiga” .
También hay un dato que no puede olvidarse: el Secretario General de la UF, José Pedraza, procesado durante la instrucción, ya falleció en 2018, dos años antes de que la causa fuera elevada a juicio oral . En cambio, el juez de Sala III, Eduardo Riggi, fue sobreseído por el juez Oyarbide sin siquiera declarar, pese a ser mencionado varias veces por imputados .
El camino hasta acá fue tortuoso: tras el procesamiento en 2012, la causa tuvo continuas dilaciones. Decenas de jueces se excusaron, la Corte Suprema demoró tres años en resolver un conflicto de competencia, y aunque la causa fue elevada a juicio en 2020, pasaron otros cinco años hasta su concreción . Como dijo Paula Litvacky, directora del CELS, esto sucede justo cuando "las actividades ilegales de los operadores judiciales y la relación con los servicios de inteligencia siguen en primer plano" y cuando el Poder Judicial "no parece querer ejercer un control firme ni del gobierno, ni de los espías, ni de ellos mismos"
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