por Mariano Kestelboim

La serie actual del Indec, iniciada en el segundo trimestre de 2016, no exhibe un aumento sideral del desempleo como el que se había dado entre los años 1991 y 2002, cuando el país saltó de un mínimo de 6% a un máximo de 21,5% (en los últimos cuatro años de ese período, la desocupación había crecido casi 9 puntos). El punto más bajo de los últimos tres años y medio se registró en el cuarto trimestre de 2017 (7,2%) y el más alto fue de 10,6% en el segundo trimestre de 2019. Si bien aun no se tocó fondo, de ninguna manera parece posible que pueda llegar a los niveles de la post convertibilidad, cuando el fenómeno se había convertido en un drama social por primera vez en la historia nacional.

Hay varias razones importantes que explican por qué el desempleo no ha empeorado en una magnitud tan fuerte, como la caída del PBI (en los últimos dos años superará el 6%), el aumento de la pobreza (seguramente superará el 40% a fin de 2019) y la desigualdad, por ejemplo.

El cambio que parece más relevante para explicar el menor crecimiento del desempleo es el desarrollo de las telecomunicaciones. El acceso generalizado a los nuevos sistemas de comunicación ha extendido notablemente las posibilidades de generar intercambios y la modalidad de demandar y ofrecer trabajo. Por el muy alto nivel de facilitación de las transacciones, este fenómeno puede ser comparable con el desarrollo y extensión del ferrocarril durante la Revolución Industrial. Recordemos, por caso, que a fines del siglo pasado había que comprar el diario para conocer la oferta de empleos y viajar y hacer largas colas para entregar un CV, sin tener demasiadas precisiones sobre la demanda de trabajo por el alto costo de difusión pública de las características del puesto ofrecido.

Además ampliar las posibilidades de ofertar y demandar, las nuevas tecnologías también modificaron la forma de trabajar, facilitando el empleo a distancia, la rotación y las tareas freelance. Antes el puesto de trabajo era mucho más estructurado y sostener una situación laboral de alta rotación era mucho más complicado. No sólo había restricciones tecnológicas, sino que respondía asimismo a patrones culturales de organización de la producción.

El empleo en relación de dependencia cae en forma sistemática respecto de la población económicamente activa

Este escenario permitió una extensión e intensificación de la competencia que se apoyó también en modelos de contratación más laxos. Ya es habitual no solo que varios integrantes del hogar tengan empleo, sino que algunos sostengan más de uno. O sea, bajo el nuevo modelo, la precarización del mercado laboral ya no depende de la destrucción del empleo. Se ha vuelto estructural. Después de su formidable recuperación y crecimiento posterior a la crisis de 2002, el empleo en relación de dependencia cae sistemáticamente respecto al crecimiento de la población económicamente activa.

En el ultimo año de crecimiento (2017), según Macri se crearon 700.000 puestos de trabajo (para el portal Chequeado el dato fue verdadero). Sin embargo, el empleo registrado en ese año solo creció en 195.100 puestos de trabajo, mayormente explicado por el aumento de los registros de monotributistas. O sea, más de medio millón de nuevos trabajadores directamente ingresaron al mercado laboral sin ningún tipo de registro. Es un fenómeno inédito que se ha exacerbado en la crisis actual y, por eso, en la medición del Indec no crece tanto el desempleo.

Estas nuevas características de la precarización laboral son relativamente novedosas en Argentina y se acoplan a las preexistentes hace más años en el resto de Latinoamérica. Con índices de desempleo controlados en la región, estabilidad y crecimiento continuo y moderado en la mayoría de los países en los últimos años es que se debe comprender la sorpresa por parte de los analistas más consolidados en los medios de comunicación por las reacciones populares de protesta, especialmente en Chile, país que era utilizado como ejemplo de buenas políticas. Esa confusión analítica debería poder explicar una declaración como la del primer ministro de Hacienda y Finanzas de Macri, Alfonso Prat-Gay, cuando dijo que en la región "no hay tolerancia al ajuste".

En la contención social a la protesta en nuestro país también fue clave, además de la mayor empleabilidad de los trabajadores, los nuevos mecanismos de acceso a un ingreso mínimo, particularmente la Asignación Universal por Hijo, el desarrollo de organizaciones sociales de protección de los sectores más vulnerables y un sistema previsional que, si bien en los últimos tres años, quedó muy retrasado respecto al aumento de precios de la canasta de los jubilados partió de un nivel relativamente elevado en términos históricos.

No obstante, de fondo, es central que sea la política publica, a partir de la organización del funcionamiento de los mercados, la encargada de planificar el horizonte de desarrollo productivo. De otra forma, el libre mercado seguirá erosionando los pilares de capacidad tecnológica que, pese a todo, todavía nos diferencian positivamente en nuestra región.