La Federación Argentina de Trabajadores de Aguas, Gaseosas y Afines (FATAGA) emitió un comunicado de rechazo a la iniciativa del oficialismo que propone una nueva ley de envases, asegurando que promovería más desempleo.

La propuesta del Gobierno nacional ya fue presentada para su tratamiento inmediato en la Cámara de Diputados, y lo que propone la nueva ley es gravar la actividad con una tasa del 3 por ciento a los alimentos envasados.

El total de esa suma sería recibida por el Ministerio de Ambiente, para crear desde ahí un fideicomiso que permita financiar el tratamiento de residuos inclusivo.

La postura expresada por Raúl Álvarez

El documento difundido desde el gremio expresa que «los trabajadores de FATAGA adhieren a los esquemas de reciclaje inclusivo, pero advierten que la tasa que se quiere aplicar para financiar esa actividad redundará en mayores costos de producción e inevitables incrementos de precios».

«Nuestra preocupación, como siempre, son las fuentes de trabajo», remarcó el secretario general del sindicato, Raúl Álvarez. Y expresó: «El cálculo es sencillo, porque aplicando una nueva tasa a nuestra actividad crecerán los precios y proporcionalmente la inflación».

De esa forma, agregó, «caerán aún más las ventas y eso generará tensiones sobre la masa crítica de mano de obra. Es decir, si esto se aprueba, también habrá mayor desocupación».

Además de FATAGA, expresaron su rechazo al proyecto del oficialismo la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) y la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA).

Las tres organizaciones expresaron su apoyo a la iniciativa para solucionar la problemática del reciclado de los envases, aunque remarcaron que se debe llevar a cabo «sin crear nuevos impuestos».

El problema del desempleo en nuestro país

La preocupación expresada desde FATAGA cobra mayor relevancia al darse en un contexto en el cual el desempleo sigue siendo uno de los mayores problemas en nuestro país.

La oferta laboral muestra un virtual estancamiento en torno al 47% del total y por debajo del 60% en el segmento específico de mayor concurrencia, que es el de 15 a 64 años.

Además, de acuerdo a la última medición de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cayó en casi dos puntos porcentuales de la población total desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández.

En términos del total de la población esa brecha representa aproximadamente un millón de personas que se retiraron del mercado laboral, al no poder satisfacer su objetivo de recuperar el empleo perdido o ingresar a la primera ocupación por un ingreso monetario.

Además de ese fenómeno, denominado como el «efecto desaliento», hay otros datos preocupantes aportadas por el Indec. Por ejemplo, el hecho de que se estima que del total de ocupados, sólo el 72,6 por ciento lo hace en relación de dependencia, es decir, en la categoría «asalariados».

El trabajo en negro, otro motivo de preocupación

Aunque de ese conjunto casi un tercio trabaja en negro o «sin descuento jubilatorio», tal como lo define el organismo oficial de estadística.

Mientras que apenas el 3,7 por ciento lo hace como empleador y casi un cuatro por ciento por cuenta propia. Es decir, autónomo, monotributista y, en menor medida, sin remuneración en un emprendimiento familiar.

Todos los datos señalados, y de manera especial la gran cantidad de personas que carecen de oportunidades laborales remuneradas, explica en gran parte el nivel récord de pobreza por ingreso de más del 45% de la población.