El proyecto de reforma laboral que el Gobierno presenta como una herramienta para “modernizar el trabajo” es, según el propio informe que realiza el gremio que lidera Pablo Flores, un profundo ajuste sobre el sistema de Seguridad Social y los ingresos provinciales. Así lo revela el estudio elaborado por la AEFIP, que calcula que el costo fiscal total de la iniciativa equivale al 1,3% del PBI, una cifra que deja en evidencia la magnitud del recorte.

Uno de los puntos más sensibles es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que se financia quitándole recursos al sistema jubilatorio. Según el informe, solo esta medida representa una pérdida de más de 4,6 billones de pesos, dinero que deja de ingresar al sistema previsional. Es un esquema que no le cuesta nada extra a las empresas, pero que debilita directamente a las jubilaciones actuales y futuras.

A esto se suma la reducción de las contribuciones patronales. El proyecto baja los aportes que pagan las empresas del 20% al 17% en servicios y del 18% al 15% en el resto de las actividades. Esta decisión implica otro recorte millonario que afecta no solo a las jubilaciones, sino también al PAMI, las asignaciones familiares y el Fondo Nacional de Empleo. Menos aportes, menos recursos para sostener derechos básicos.

El informe también advierte que el proyecto beneficia de manera directa a las grandes empresas mediante una rebaja del Impuesto a las Ganancias y la eliminación de impuestos específicos. Estas medidas reducen la recaudación y golpean de lleno a las provincias, que dejarían de recibir más de 3 billones de pesos por coparticipación. Buenos Aires, por ejemplo, perdería casi 400 mil millones, afectando servicios esenciales.

El informe final producido por el gremio inherente a los trabajadores de ARCA, ex AFIP, indica un fuerte retroceso en materia de cobertura social, índices de retracción laboral y menos aportes por parte de las patronales. Además, un debilitamiento del sistema previsional: se debate el 11 de febrero.