La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines expresó un rechazo categórico al nuevo proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno nacional, al que calificó como “profundamente regresivo” y orientado a “debilitar a la clase trabajadora argentina”.

En un comunicado difundido este lunes, el gremio señaló que la iniciativa oficial, de 191 artículos a lo largo de 71 páginas, constituye “un ataque sistemático” contra los derechos laborales individuales y colectivos, y que su orientación central es “fortalecer la posición patronal” en detrimento de quienes trabajan.

La organización gremial detalló que la reforma impulsada por el Gobierno contempla tres niveles de ofensiva:

- Transferencia multimillonaria de recursos: denuncia la creación de un Fondo de “Asistencia Laboral”, financiado con aportes que dejarían de ingresar a la ANSES y reducciones de contribuciones patronales. Según la Federación, esto provocaría un desfinanciamiento del sistema previsional y representaría una transferencia estimada entre 2.000 y 2.500 millones de dólares hacia un fondo administrado por privados.

- Debilitamiento de la acción colectiva: el gremio sostiene que el proyecto busca limitar la negociación colectiva, fragmentar la representación sindical y restringir la capacidad de realizar huelgas, asambleas y congresos. Entre las medidas criticadas figura la reinstalación —según el texto, incluso agravada— de disposiciones del DNU 70/23, declarado inconstitucional, y del decreto 340/25, ya derogado por el Congreso.

- Disciplinamiento en los lugares de trabajo: la Federación alerta sobre cambios en la Ley de Contrato de Trabajo que permitirían modalidades más flexibles de jornada y descanso, destacando la creación de un “banco de horas” que, según el comunicado, implicaría la eliminación práctica del pago de horas extra y afectaría la integridad psicofísica de los trabajadores.

Desde la Federación calificaron de “disfraz” la narrativa oficial de que la reforma modernizará el mercado laboral y generará empleo. Recordaron que, tras la reforma parcial aprobada en la Ley Bases de 2024, se perdieron “casi 300.000 puestos de trabajo registrado” y cerraron centenares de unidades productivas, afectando especialmente a la industria nacional.

El gremio denunció que el proyecto redefiniría como “servicios esenciales” o de “importancia trascendental” a un amplio espectro de actividades, incluyendo la aceitera y la desmotadora de algodón, exigiendo la prestación de un servicio mínimo del 50% al 75%, lo que consideran “una prohibición de facto del derecho de huelga”.

La Federación reafirmó su compromiso de defender “los derechos laborales, salariales, sindicales y democráticos” del sector, y aseguró que utilizará todas las herramientas constitucionales disponibles, destacando el ejercicio del derecho de huelga frente a lo que consideran “una ofensiva brutal” del Gobierno contra el mundo del trabajo.