La industria ferial, transversal a múltiples actividades económicas, reúne empresas con estructuras, tamaños y realidades muy disímiles. Desde estudios de arquitectura y diseño de stands hasta proveedores técnicos, logísticos y servicios de catering. El sector convive con desafíos comunes pero impactos diferenciados frente a cualquier cambio normativo. En ese contexto, Caife buscó poner en valor el debate democrático y reflejar la pluralidad de opiniones que atraviesa a sus asociados.

Uno de los ejes centrales del relevamiento es la presión de los costos sobre la operatoria diaria. Más del 55% de las empresas identifica a los costos laborales y operativos como su principal problema. Sin embargo, ese diagnóstico no se traduce automáticamente en un respaldo mayoritario a la reforma laboral. Apenas el 31,6% de las firmas se manifestó absolutamente de acuerdo con la propuesta oficial. Mientras que casi un 29% consideró que la reforma es necesaria, pero no en los términos planteados, y un 10,5% expresó su desacuerdo.

Para la Cámara, estos números son elocuentes. Revelan que la discusión excede la consigna de abaratar costos y se inscribe en un debate más amplio sobre el modelo productivo. Así como sobre la estabilidad de las reglas de juego y el impacto real que una reforma de este tipo puede tener sobre el empleo. En palabras de la dirigencia sectorial, el hecho de que solo uno de cada tres empresarios acompañe sin reservas la iniciativa demuestra la complejidad del escenario y la necesidad de evitar miradas simplistas.

Por su parte, Pablo Ruda, presidente de Caife, subrayó que dentro de la Cámara “se prioriza el respeto por la diversidad de opiniones. Valorar al que piensa distinto y escuchar argumentos contrapuestos es clave para encontrar consensos duraderos. Especialmente en un país donde los cambios de reglas frecuentes terminan afectando la previsibilidad y la inversión de largo plazo”.

El relevamiento también pone el foco en la situación económica del sector durante 2025. Si bien la actividad y la facturación mostraron señales de recuperación, la rentabilidad se consolidó como el principal punto crítico. El 45,9% de las empresas indicó que su rentabilidad fue peor que en 2024. Mientras que solo un 29,7% logró mejorarla y un 24,3% se mantuvo en niveles similares.

El contraste se vuelve más evidente al analizar la evolución de los ingresos. En comparación con el año anterior, el 54,1% de las compañías aumentó su facturación, el 29,7% la mantuvo estable y apenas el 16,2% registró una caída. Sin embargo, vender más no implicó ganar más. El aumento de los costos, en pesos y en muchos casos dolarizados, erosionó los márgenes y limitó la capacidad de inversión.

Según los datos de la encuesta, para el 70,3% de las empresas el impacto de los costos sobre la rentabilidad fue negativo o muy negativo, mientras que solo un 2,7% señaló un efecto positivo. La posibilidad de trasladar esos incrementos a precios resultó acotada.  El 27% no pudo hacerlo, el 67,6% solo logró un traslado parcial y apenas el 5,4% consiguió hacerlo en su totalidad. Esta dinámica explica por qué el incremento de la facturación no se tradujo en una mejora de los resultados finales.

Ruda insistió en que “la industria ferial es profundamente diversa y que esa heterogeneidad condiciona el impacto de cualquier reforma. Una empresa pequeña, intensiva en mano de obra, enfrenta desafíos muy distintos a los de un proveedor técnico con mayor componente tecnológico o contratos atados a valores en dólares. Por eso, no existe un acompañamiento automático a las políticas públicas, sino una mirada crítica y responsable que busca ponderar efectos de corto y largo plazo”.

En ese marco, remarcó que “para los empresarios pymes resulta más importante generar condiciones estables para incorporar nuevos talentos que beneficiarse de una eventual reducción de costos vinculados a despidos. La creación de empleo sostenible depende de la previsibilidad, del acceso al financiamiento y de un entorno macroeconómico que permita planificar inversiones sin sobresaltos”.

Asimismo enfatizó que “el debate por la reforma laboral debe darse en el Congreso con respeto institucional, escuchando todas las voces y honrando el funcionamiento de la democracia. La presión de los costos sobre la rentabilidad pone en riesgo la capacidad de las pymes para sostener puestos de trabajo en el largo plazo si no se acompaña con políticas integrales”.

Más allá del debate normativo, el relevamiento describe una industria que recuperó nivel de actividad y volumen de trabajo. Pero que enfrenta serias dificultades para sostener márgenes saludables. El 50% de las empresas afirmó estar operando con ajustes y reestructuraciones, mientras que un 27,8% lo hace por debajo de su capacidad. Muchos clientes, según relatan desde el sector, buscan propuestas similares a las de años anteriores, con presupuestos casi sin cambios, aun cuando los costos crecieron de manera significativa.

Este escenario de tensión permanente explica la cautela con la que los empresarios analizan la reforma laboral. Reconocen la necesidad de modernizar normas y adaptarlas a nuevas realidades productivas. Pero advierten que un enfoque centrado exclusivamente en la reducción de costos puede generar desequilibrios y no resolver los problemas estructurales de competitividad.

En definitiva, la encuesta de Caife confirma que el sector ferial no se alinea de manera homogénea detrás de la iniciativa oficial. El dato de que solo uno de cada tres empresarios exprese un apoyo pleno sintetiza una postura atravesada por matices. Donde la preocupación por la rentabilidad, medida en pesos y condicionada por insumos en dólares, convive con la demanda de un debate serio, profundo y orientado al desarrollo sostenible de las pymes argentinas.