La iniciativa flexibiliza las condiciones de empleo, reduce derechos históricos y debilita las herramientas colectivas de defensa, mientras amplía los márgenes de acción de las empresas.

Desde el movimiento sindical advierten que la reforma “desplaza al Estado de su rol constitucional de mediador” y deja a las y los trabajadores en una situación de mayor vulnerabilidad frente al poder patronal. “No es una modernización: es un retroceso que consolida la desigualdad estructural entre quien emplea y quien trabaja”, señalaron abogados laboralistas consultados.

Uno de los puntos más sensibles es la habilitación de jornadas de hasta 12 horas diarias. El proyecto reemplaza el pago de horas extras por sistemas de compensación acordados de manera individual. Para los gremios, esta lógica desconoce la realidad del mercado laboral argentino. “Hablar de acuerdos individuales en un contexto de precarización e informalidad es una ficción: no hay paridad real para negociar”, advirtieron.

La reforma también elimina el principio de aplicación de la norma más favorable al trabajador en el ámbito judicial, un criterio vigente desde hace más de medio siglo. Según especialistas, esta modificación “inclina la balanza en los conflictos laborales y desmonta un pilar del derecho del trabajo pensado para equilibrar una relación desigual”.

Otro cambio clave afecta a la protección frente a enfermedades. El proyecto elimina la obligación patronal de mantener el salario durante licencias médicas y habilita a reasignar tareas con una remuneración menor. “Si una persona se enferma, además de su problema de salud puede perder ingresos. Es una doble penalización”, alertaron desde organizaciones gremiales.

En materia de despidos, la iniciativa crea un Fondo de Asistencia Laboral que reemplaza el esquema actual de indemnizaciones y permite pagarlas en hasta 12 cuotas. El fondo se financiaría con un 3% de los aportes a la seguridad social, lo que, según advierten especialistas previsionales, “desfinancia jubilaciones y pensiones”. Además, sólo alcanzaría a relaciones laborales de más de un año y deja afuera a trabajadores no registrados.

El proyecto también limita las pruebas para demostrar la relación laboral. Por ejemplo, una persona monotributista que factura mensualmente a una empresa no podría usar esas facturas como prueba de vínculo laboral. “Se legaliza el fraude laboral y se deja al trabajador sin posibilidad real de reclamar”, sostienen abogados del sector.

A esto se suma una amnistía para empleadores que no registraron personal durante años, sin sanciones ni multas. Para los gremios, la señal es clara: “Se premia al que incumple y se castiga al que trabaja en la informalidad”.

En caso de despido injustificado, el cálculo indemnizatorio excluiría aguinaldo, vacaciones y premios, estableciendo la antigüedad como techo máximo de cualquier reclamo. Además, se facilita la subcontratación, lo que diluye responsabilidades cuando las empresas tercerizadas incumplen.

El impacto también alcanza a las trabajadoras de casas particulares, cuyo período de prueba se extiende de 30 días a 6 meses. “Es un sector altamente feminizado y precarizado. Esta medida expone a mujeres y migrantes a despidos sin protección durante medio año”, remarcan desde organizaciones sociales.

En el plano colectivo, la reforma amplía la lista de actividades consideradas servicios esenciales y restringe el derecho a huelga en una enorme cantidad de tareas. Según estimaciones sindicales, en la práctica quedaría limitado el derecho a parar para cerca del 43% de los trabajadores. “Vacía de contenido el derecho constitucional a la huelga y debilita la capacidad de presión colectiva”, denuncian.

Por último, el proyecto prioriza los convenios por empresa por sobre los convenios colectivos de actividad y avanza contra el principio de aplicar la norma más favorable. Para los sindicatos, este punto “rompe la solidaridad entre trabajadores, fragmenta las negociaciones y expone a cada persona a negociar en soledad y en peores condiciones”.

Mientras el debate recién comienza en el Congreso, desde el mundo del trabajo advierten que, si la reforma avanza, el impacto será directo en la vida cotidiana: más horas de trabajo, menos protección frente al despido y menos herramientas para defender derechos conquistados.