La decisión se tomó este martes en un plenario conjunto, como parte del plan de lucha contra una iniciativa que ambas centrales consideran regresiva y perjudicial para el conjunto de la clase trabajadora.

La medida de fuerza estará acompañada por una agenda de movilizaciones en distintos puntos del país. En ese marco, las CTA ratificaron la convocatoria a marchar el 5 de febrero en la ciudad de Córdoba y el 10 de febrero en Rosario, con el objetivo de federalizar la protesta y fortalecer la organización sindical en todo el territorio nacional. Además, se sumarán a la movilización del próximo 7 de febrero a Plaza de Mayo, bajo la consigna #7Antifascista, Antirracista y Antiimperialista, impulsada por organizaciones del campo popular contra el avance del autoritarismo y las políticas de ajuste.

Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, advirtió que “este proyecto de reforma laboral es un ataque directo a los derechos de todo nuestro pueblo y un golpe a la democracia misma”. En ese sentido, remarcó que “no se trata de ninguna modernización, sino de una regresión brutal que pretende retroceder las condiciones laborales al siglo XIX”, y enumeró entre los derechos amenazados “las vacaciones pagas, el descanso semanal, la indemnización, la jornada de 8 horas y las garantías mínimas de protección”. Según Godoy, las consecuencias serían “más precarización, crecimiento de la informalidad, aumento del desempleo y mayor exclusión social”.

El dirigente sindical también señaló que la iniciativa oficial apunta a “maniatar al movimiento sindical, debilitando la organización colectiva de las y los trabajadores para imponer un modelo de ajuste, disciplinamiento y pérdida de derechos”. Y concluyó: “No es una reforma, es un retroceso. Frente a eso, la respuesta es más unidad, organización y lucha”.

Por su parte, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, contextualizó el conflicto en una situación social crítica. “Este ataque del gobierno contra las y los trabajadores se produce en un contexto alarmante: Argentina atraviesa uno de los salarios promedio más bajos de América Latina”, afirmó. Además, denunció que el sector público registra “una pérdida de alrededor del 30% del poder adquisitivo”, junto con anuncios de miles de despidos.

Yasky también apuntó contra el impacto del ajuste en las provincias y sostuvo que “el ahogo financiero, producto de la quita de recursos dispuesta por el gobierno de Javier Milei, agrava aún más el escenario”. En ese marco, concluyó que “la reforma laboral y el ajuste no son medidas aisladas, sino parte de un proyecto regresivo que busca descargar la crisis sobre quienes viven de su trabajo”.