Más de 35 gremios industriales nucleados en la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) se reunieron en la sede central del SMATA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para analizar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, al que calificaron como “tremendamente perjudicial para los trabajadores”.

Del encuentro participaron miembros del Consejo Directivo de la CSIRA, el senador nacional Mariano Recalde, la diputada Vanesa Siley y el abogado laboralista Álvaro Ruiz, quienes coincidieron en que la iniciativa oficial “cambia las reglas para que pierdan los trabajadores”.

“Las reformas laborales no generan empleo”

Durante su intervención, el senador Mariano Recalde desmintió uno de los principales argumentos del oficialismo. “Son todas mentiras creer que estas reformas laborales generan empleo”, afirmó, y recordó que “con el abaratamiento del trabajo creció la desocupación”.

En ese sentido, subrayó que “paradójicamente, cuando en la Argentina hubo doble indemnización fue cuando más empleo se creó y el índice de desempleo fue uno de los más bajos”.

Avance contra los sindicatos y derechos constitucionales

Los oradores coincidieron en advertir que el proyecto busca “debilitar a las asociaciones sindicales y reforzar el poder empresario”, a través de leyes que consideraron “contrarias a nuestra Constitución”.

“Quieren limitar el derecho de huelga para quitarle a los trabajadores una herramienta fundamental de acción y de presión”, remarcaron, alertando sobre un avance directo contra derechos consagrados y convenios internacionales.

“Facilita los despidos y no crea empleo”

Por su parte, la diputada nacional Vanesa Siley sostuvo que la reforma “facilita los despidos y no crea empleo”, y remarcó la necesidad de discutir un modelo de país alternativo. “Sabemos el país que queremos: con más industrias, con justicia social y con una movilidad social ascendente que le devuelva al trabajador su dignidad, respetando todos sus derechos”, expresó.

Impacto en las obras sociales sindicales

Durante el intercambio también se cuestionó la quita del 1% de los aportes a las obras sociales, una medida que —según denunciaron— apunta a “dañar la salud de los trabajadores y trabajadoras”.

“Las obras sociales ya están en agonía por los altísimos costos de la medicina y los medicamentos, y ahora se les suma un nuevo golpe a la recaudación”, advirtieron.

Advertencia sobre la Justicia del Trabajo

El abogado laboralista Álvaro Ruiz fue contundente al señalar que la reforma apunta a “matar a la Justicia Nacional del Trabajo y reducirla a una simple justicia vecinal”, además de dejar de lado doctrinas y jurisprudencias consolidadas.

“La creación de empleo tiene que ver con la expansión de la economía y con el modelo económico, no con las leyes laborales. Pensar lo contrario es retrógrado”, sostuvo.

“No van a ver a los trabajadores de rodilla”

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Mario “Paco” Manrique, dirigente del SMATA, quien advirtió que “este gobierno quiere romperle la columna vertebral al peronismo, pero no va a poder”.

“Nos va a encontrar unidos defendiendo los derechos de los trabajadores, que otra vez quieren ser vulnerados. No van a ver a los trabajadores de rodilla: les sobra coraje y dignidad”, afirmó, y envió un mensaje a los gobernadores: “Ojo, que los laburantes también votamos”.

Amplia participación gremial

Entre los presentes estuvieron dirigentes sindicales como Ricardo Pignanelli (SMATA), Héctor Ponce (ATILRA), Pablo Flores (AEFIP), Gerardo Martínez (UOCRA), Pedro Peger y Marta Graña (UATRE), Héctor Laplace (AOMA), Juan Antonio Speroni (SAON), Agustín Amicone (UTICRA), Cristian Jerónimo (co-titular de la CGT), Soledad Calle (UOM) y el secretario gremial de la CSIRA, Hugo Enrique Benítez (AOTRA), entre otros.

La CSIRA y la defensa de la industria nacional

La CSIRA agrupa a más de 30 gremios industriales de todo el país, entre ellos SMATA, UOM, UOCRA y ATILRA, y es conducida por Ricardo Pignanelli. La entidad defiende la producción nacional y el empleo industrial frente a políticas de ajuste y viene denunciando un proceso de “desindustrialización inducida” e “industricidio”, que ya provocó la pérdida de miles de puestos de trabajo y el cierre de numerosas PyMEs.