En un escenario político marcado por la ofensiva del Ejecutivo sobre los derechos históricos de la clase trabajadora, la Cámara de Diputados se convierte en el epicentro de una resistencia que trasciende las bancas. El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei no solo busca reconfigurar el mercado de trabajo, sino que, en palabras de sus críticos, intenta legalizar la precariedad y abaratar el costo del despido.
Para profundizar en el impacto de esta iniciativa, desde Enfoque Sindical dialogamos con Natalia Zaracho, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en el espacio Fuerza Patria. Referente de la economía popular y voz de los sectores más postergados, Zaracho analiza con dureza una ley que define como "un escándalo por donde se la mire".
A lo largo de las siguientes líneas, la diputada, desarma el discurso oficial de la "modernización", denuncia el uso de los recursos de las provincias como moneda de cambio para obtener votos y advierte sobre el peligro de las nuevas figuras contractuales que dejan desprotegidos a los trabajadores de plataformas. Con una visión clara sobre el rol de las centrales obreras y la necesidad de la organización popular, Zaracho sostiene que el avance oficialista solo podrá ser frenado mediante una pinza estratégica: la firmeza legislativa y la movilización en las calles.
¿Cómo analiza el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno? ¿Cuál es el objetivo?
El proyecto de Reforma Laboral no tiene un solo artículo que le mejore la vida a los trabajadores, todo lo contrario. Se llenan la boca algunos del gobierno, como Pettovello, diciendo que este es un proyecto “pro trabajador”, “pro empleo”, pero no saben decirte un solo artículo que sea a favor de los trabajadores. Esto no va a generar puestos de trabajo. Es mentira. Lo que proponen en este proyecto es abaratar los despidos. Además, la parte impositiva de la reforma es un escándalo. Les bajan contribuciones patronales y ganancias a la casta de empresarios. Le hacen un agujero tremendo a las cajas de seguridad social, a las provincias. Te das cuenta que el déficit fiscal era un chamuyo. Le saca derechos a los pocos que todavía los tienen y le dicen a los informales que esperen, que ya va a derramar lo que le regalan a los grandes empresarios.
A mi me toca representar al sector informal, yo vengo de la economía popular que es una parte de esa masa de informales, como también lo son los trabajadores que no están registrados pero tienen un patrón, y también existe un nuevo emergente de la época, que son los trabajadores de plataformas, los rappi, uber, que hoy en día no tienen ningún respaldo, y esta ley sólo legaliza la situación. Siguen laburando 12 horas sin ART, sin aguinaldo, sin poder hablar con la empresa si les pasa algo. Mientras los dueños se llenan de guita a costa de estos trabajadores, ellos con este proyecto son considerados trabajadores independientes, una locura.
Esta ley es toda un escándalo por donde se la mire, crean el fondo de asistencia laboral (fal), que va a funcionar como una caja que van a administrar privados de la cual van a sacar ganancia para timbear, que desfinancia la caja del ANSES, para que a los jefes les salga más barato despedir. Es un nivel de crueldad enorme. No es modernización, es ajuste contra el laburo.
¿Considera que tiene los votos para avanzar en la Cámara de Diputados? ¿Cómo se encuentra actualmente la distribución de fuerzas en Diputados?
Hoy en Diputados la pelea está abierta. El bloque de Fuerza Patria y otros sectores de la oposición estamos firmes contra esta reforma, pero el Gobierno está intentando avanzar porque cree que tiene margen, y porque hay diputados que responden a los gobernadores. Y acá hay que decirlo claro, en esta reforma hay 197 artículos, pero hay uno que termina ordenando todo: la parte impositiva. Ahí está la negociación. Porque eso toca la plata de las provincias. Entonces muchos gobernadores no están discutiendo si esto mejora o no el trabajo. Están discutiendo cuánta plata pierden o les devuelven. Y ahí aparece el problema, no pueden rifar el futuro de los laburantes de todo el país por su caja.
Yo entiendo que las provincias están ahogadas, que Nación les cortó recursos y que están con la soga al cuello. Pero no se puede negociar así, los derechos laborales no se canjean. Porque de algunas decisiones no se vuelve. El Gobierno creció en el Congreso, sí, y está más agresivo. Pero no es un cheque en blanco. Si la oposición se mantiene firme y sí también hay presión social, esta reforma se puede frenar. Lo que no podemos permitir es que un par de votos por conveniencia terminen siendo una condena para millones de laburantes.
¿Cómo se encuentra el campo nacional y popular para confrontar con este avance? ¿Lo observa organizado o disperso? ¿Cómo analiza el rol de la CGT y las CTA en este contexto?
Mirá, yo creo que hay algo claro, hay un malestar enorme, porque la gente la está pasando mal. No alcanza la plata, hay despidos, cae el consumo, cierran pymes y las familias se endeudan para comer. Después uno ve que capaz no se expresa en rechazo, en movilización. Pero no es cierto que no haya conflictividad, todos los días hay laburantes despedidos que salen, sectores que se animan a pelear. Hay que poder convocarlos y unificar las luchas.
El campo nacional y popular hoy está en un momento de reordenamiento. Venimos de años donde no dimos algunas discusiones a tiempo, y eso después se paga, y lo estamos pagando. Pero con este tema hay acuerdo en general de que hay que frenar este avance, seguramente haya diferencias en el cómo. En el pueblo hay desconfianza, hay cansancio, hay gente que siente que nadie la representa pero también está resistiendo.
Sobre la CGT y las CTA yo soy muy respetuosa de la organización sindical, pero hay sectores que creen que hay que esperar, que esto se frena solo, que lo va a resolver la justicia. Y otros creemos que si esperás, te pasan por arriba. Yo creo que hay que marcar un límite, organizarse, y poner el cuerpo. Sobre la representación sindical hay críticas y hay que escucharlas, pero el Gobierno y los empresarios no odian a “los sindicatos” en general. No les molestan los dirigentes que se arreglan con el poder. Lo que les molesta es la organización real, los compañeros que se plantan, y eso es lo que quieren romper con esta reforma.
La respuesta al gobierno ¿debe provenir de los bloques opositores en el Congreso o es necesaria una movilización popular "desde abajo hacia arriba"? ¿Considera que hay condiciones para frenar esta reforma?
Esto se frena con las dos cosas: el Congreso y la calle. En el Congreso hay que dar la pelea, sumar votos, frenar toda la ley si es posible. Porque esto no es una reforma para crear trabajo, es una reforma para recortar derechos, bajar salarios y hacer más fácil despedir.
Pero también sabemos algo, si la pelea queda solo adentro del Congreso, estos tipos avanzan igual. Porque están convencidos de que pueden hacer cualquier cosa si la gente está quieta. Entonces hace falta movilización desde abajo, organización popular, sindicatos, movimientos sociales, estudiantes, PyMEs, jubilados. Todos.
Yo creo que hay condiciones para frenarla porque la gente ya está al límite. Y porque esta reforma no beneficia a los trabajadores, beneficia a un puñado de empresarios que ya vienen ganando con este modelo.


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