La medida fue impulsada por el secretario general del gremio, Daniel Catalano, y cuenta con el patrocinio del abogado de derechos humanos Rodolfo Yanzón.

La acción judicial se presentó este martes ante el Poder Judicial y busca resguardar a quienes participen en las movilizaciones convocadas para hoy en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como a quienes se manifiestan cada miércoles frente al Congreso en reclamo por los derechos de los jubilados.

“Estamos frente a una amenaza real, inminente y concreta contra los derechos civiles y políticos, especialmente el derecho a la protesta”, sostuvo Catalano, al referirse a las medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional. El escrito judicial apunta directamente contra el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público (Resolución 943/2023) y el reciente Decreto 383/2025, que habilita detenciones sin orden judicial por hasta diez horas, requisas arbitrarias y registros basados en simples presunciones policiales.

Desde ATE Capital advierten que este marco legal “vulnera garantías constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos”, y solicitan al Poder Judicial que ordene tanto al Gobierno Nacional como al de la Ciudad de Buenos Aires que se abstengan de realizar detenciones o procedimientos arbitrarios contra manifestantes.

“Lo que buscamos es prevenir violaciones a la libertad ambulatoria, la integridad física y el derecho a expresarse en el espacio público”, agregó Catalano, quien remarcó que “este tipo de decretos son propios de un Estado autoritario, no de una democracia”.

La presentación también solicita que se prohíba la individualización de manifestantes mediante registros fílmicos o fotográficos sin orden judicial, así como cualquier forma de hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad.

La iniciativa de ATE Capital se suma a los reclamos de organizaciones sociales, políticas y sindicales que vienen denunciando una escalada en la criminalización de la protesta desde la implementación del protocolo de seguridad a cargo de la ministra Patricia Bullrich. En este contexto, organismos de derechos humanos como el CELS y Amnistía Internacional han expresado su preocupación por el “uso desproporcionado de la fuerza” en marchas recientes.