La CTA Autónoma, conducida por Hugo “Cachorro” Godoy, y la CTA de los Trabajadores, encabezada por Hugo Yasky, enviaron de manera simultánea sendas cartas documento a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, exigiendo la convocatoria urgente al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Ambas centrales solicitan retomar las negociaciones para la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), al considerar que el incremento dispuesto por el Gobierno nacional resulta insuficiente e inaceptable. El esquema vigente establece un aumento de $5.400 mensuales, lo que representa una suba del 1,5%. Sin embargo, este incremento continúa desde hace meses por debajo de la inflación y ubica al salario mínimo por debajo de la Canasta Básica Total calculada por el INDEC ($452.321 a febrero de 2026), así como también por debajo de la canasta individual estimada por el IDECBA ($521.583 para el mismo período).

En este contexto, las CTA solicitan la definición de lineamientos, metodologías y criterios que permitan establecer una canasta básica de referencia, a fin de garantizar que el salario mínimo cumpla efectivamente con su función constitucional. Asimismo, advierten que, de no obtener respuesta, avanzarán con las acciones legales correspondientes.

Además, expresan su preocupación por la evolución de la inflación interanual, que alcanzó el 33,1% en febrero de 2026, en contraste con un incremento del SMVM del 18,6% en igual período. Esta brecha, consolida una pérdida sostenida del poder adquisitivo y profundiza el deterioro de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

Finalmente, las CTA cuestionan la metodología de medición de precios del INDEC, al considerar que no refleja adecuadamente la estructura real de consumo, lo que derivaría en una subestimación de la inflación y, en consecuencia, en una invisibilización de la magnitud real de la pérdida salarial.

Por todo lo expuesto, las centrales concluyen que el monto fijado para el salario mínimo carece de razonabilidad y se aparta de los parámetros constitucionales y legales que deben regir su determinación.