Por

SEBASTIÁN PREMICI

En la era Milei, los conflictos laborales son “manipulados” por los medios de comunicación oficiales y oficiosos para abonar la idea de una reforma laboral con un ataque específico hacia las formas colectivas de organización. Tal podría ser la situación de la empresa láctea Vidal que acarrea un conflicto laboral desde hace tres años y ahora sus dueños enfrentan un embargo millonario por incumplir una resolución judicial vinculada a la reincorporación de una veintena de trabajadores despedidos.

El conflicto, presentado como un falso ataque sindical hacia la producción, se inscribe en un escenario económica paupérrimo, donde el sector enfrenta las consecuencias de la caída sistemática del consumo de productos lácteos, otra de las marcas de la administración de La Libertad Avanza.

Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), entre diciembre del año pasado y abril de 2025, las existencias de productos (leche en polvo, fluida, quesos, yogurts, etc) se redujo en más de un 20%.

La empresa láctea Vidal está ubicada en la localidad de Moctezuma, en el partido de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. La actividad económica de esta ciudad de 500 habitantes gira entorno de la empresa láctea Vidal, que desde 2022 posee un conflicto con los representantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra).

La dueña de esta empresa, Alejandra Bada Vázquez, debe afrontar ahora una multa y un embargo por 160 millones de pesos dispuesta por el juez José Ignacio Ramonet, vinculado al incumplimiento de la reincorporación de una serie de trabajadores despedidos por la empresaria luego de que éstos realizaran una serie de medidas de fuerzas durante 2022.

“Si se concreta el embargo, no podríamos pagar aguinaldos ni cargas sociales. La situación de ventas ya es muy difícil. Todo esto no solo afecta a Lácteos Vidal, sino que pone en juego el futuro de las pymes y la producción láctea. No se puede seguir trabajando así, es muy injusto”, lanzó la empresaria a través de una entrevista concedida al sitio Agrofy News.

Lo que está detrás de este conflicto que vuelve a poner en vilo la vida de 500 personas de la localidad de Moctezuma tiene que ver con la organización sindical y la defensa de una serie de derechos laborales cercenados por la empresa, según lo manifestado en su momento por los trabajadores enrolados en Atilra, y que aun hoy siguen reivindicando.

Todo comenzó en 2022 cuando la empresa Lácteos Vidal se negó a recategorizar a varios de sus empleados. En la práctica, lo que se reclamaba era una recomposición de las condiciones laborales acorde a los estatutos vigentes. Su dueña, Alejandra Bada Vázquez, se opuso y arremetió con el despido de 26 trabajadores.

Ante tal situación, un conjunto de sus empleados llevó adelante medidas de fuerzas directas como un bloque al ingreso de la planta y un acampe que duró dos meses. La empresa intentó acusar penalmente a sus empleados por acciones de vandalismo pero fracasó ya que tal denuncia fue desestimada en sede judicial. No solo eso, sino que un tribunal laboral ordenó la reincorporación de los 26 despedidos.

Tras las apelaciones de la empresa, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó el fallo de la primera instancia. Pero la empresa no quería saber nada con los trabajadores denunciados. Según explicó el abogado de lácteos Vidal, Eduardo Darriba, los mismos nunca serían reincorporados ya que la empresa “había pedido la confianza en ellos para la fabricación de alimentos”.

En su estrategia judicial y de demonización de los trabajadores, Bada Vázquez emprendió una negociación individual con 18 de aquellos despedidos, mientras que otros ocho no pudieron ser doblegados.

Justamente, la semana pasada se conoció otro fallo judicial firmado por el juez Ramonet en el que se resolvió un incidente de ejecución de astreintes (una multa que se impone por incumplir una obligación convenida o establecido por un juzgado, como es este caso) vinculada al grupo de empleados remanentes echados y que no habían acordado con la empresa, entre ellos Gastón Emilio Moreno, Franco Marcelo Yedro, Cristian José Martín, Sergio Raúl Longo, Abel Osmar Damico y Diego Armando Alarcón.

“Es un modus operandi que tienen y no es el único gremio que lo lleva adelante. Yo también integro el movimiento empresarial anti bloqueos, donde los empresarios nos tenemos que agrupar para enfrentar a la mafia sindical. Y las consecuencias se ven a la vista, por eso ha subido el desempleo”, sostuvo Bada Vázquez en diversas entrevistas televisivas realizadas en la última semana. En la jornada del martes, la empresaria llevó su caso al Consejo de la Magistratura. ¿El poder judicial saldrá a su rescate?

Para el abogado laboralista Luis Palmieri, asesor de la Federación de Trabajadores de la Economía Social, este caso configura un “amedrentamiento destinado al poder judicial para modificar sus decisiones, las que incluyen generar penalidades para los empresarios que no cumplen con una orden judicial”.

En diálogo con El Destape, Palmieri concluyó: “Cuando el Poder Judicial actúa en la protección de los derechos de los trabajadores, garantizados por la constitución y los tratados de derechos humanos incorporados en la misma Constitución, el sector empresarial empieza a desplegar acciones para amedrentar y generar temores entre los trabajadores”.

Este caso es tomado por los medios de comunicación oficial y oficiosos de La Libertad Avanza para continuar con sus planes de reforma laboral, incluido un ataque especial hacia las formas colectivas de organización.

El que se quema con leche…

Según el Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA), durante el primer año de gobierno de Javier Milei cerraron sus puertas 600 tambos. Hasta el año 2023 ordeñaron sus vacas poco más de 10 mil tambos en el país; en 2024 quedaron 9.407, un 6% menos. Durante el último año del Gobierno del Frente de Todos, los tambos cerrados fueron cerca de 400.

El indicador lácteo puede funcionar de prisma para comprender el daño generado por el modelo económico de la administración Milei. De acuerdo a los datos difundidos por OCLA, las existencias de productos lácteos, entre diciembre de 2024 y abril de 2025, se redujeron en un 21,8%.

Por fuera del promedio, la principal caída se produjo en leche en polvo, mientras que en los casos de leche fluida, la merma fue del 28%.

El universo de la industria láctea se estima en más de 650 empresas de distintos tamaños y formas organizativas. La cooperativa fue una de las más características, pero actualmente representa solamente el 5% de los establecimientos lácteos cuando en el conjunto de los países de la región llegan al 50%.

En este contexto, la producción continúa un fuerte proceso de concentración. “El 4% de los tambos más grandes representan el 25% de la producción total de leche del país. Si se considera al 20% de los tambos de mayor tamaño, la concentración aumenta al 55%. El 45% de la producción de leche restante queda en manos de pequeños tambos que generan menos de 4 mil litros. En esa situación se encuentran más del 80% de los productores tamberos”, sostuvo Agustín Suárez Integrante del Centro de Estudios de la Tierra (CET-UTT).

En esta línea, solo cinco empresas reciben más de 1 millón de litros diarios y controlan el 35% del mercado. Las dos primeras recepcionan más de 3 millones de litros y controlan el 22%. “El proceso de concentración se da de la mano de la intervención de capitales extranjeros, como es el caso de la marca Milkaut, de capitales franceses, que compró hace 2 años la marca Ilolay. O el caso de Saputo, de capitales canadienses. Al día de hoy se mantiene la puja por la compra del 51% de La Serenísima, en la que también intervienen capitales franceses”, concluyó Suárez.