A contramano de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, un grupo de diputados y diputadas de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley que busca regular el trabajo en plataformas digitales y poner fin al vacío legal que hoy permite a empresas como Rappi, PedidosYa, Uber o Cabify desconocer la relación laboral con miles de trabajadores.

La iniciativa, que complementa el proyecto de Actualización Laboral (Expediente 2462-D-2026), fue presentada junto a trabajadores repartidores de aplicaciones y modifica los artículos 23, 68, 71 y 146 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). El objetivo es reponer el texto de esos artículos previo a la reforma «regresiva» de la Ley 27.802, actualizándolo con la incorporación de la gestión algorítmica al régimen laboral .

La iniciativa se enmarca en el reciente Convenio 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en junio de 2026, que establece estándares internacionales para el trabajo decente en la economía de plataformas . Entre sus puntos centrales, el proyecto establece:

Ninguna plataforma puede esconder una relación laboral detrás de una app: si hay trabajo personal, subordinación y pago, hay relación laboral. No importa que la empresa lo llame «freelance», «colaborador» o «socio».El algoritmo es una herramienta de dirección de la empresa: quien asigna tareas, mide rendimiento, sanciona o «desconecta» cuentas es el empleador, y es responsable por esas decisiones.Derecho a una explicación: los trabajadores tienen derecho a que les expliquen cualquier decisión automatizada que los afecte, incluidas las sanciones o la desactivación de la cuenta.Control sobre los datos: derecho a acceder y corregir sus datos personales en poder de la plataforma, y prohibición de construir «reputaciones laborales digitales» que se usen para discriminar.Transparencia algorítmica: las empresas deberán transparentar los parámetros de sus sistemas algorítmicos de gestión, y las modificaciones deberán informarse en un plazo no mayor a 72 horas.Derecho a saber cómo se calcula el pago: quien cobra por producción, viaje o entrega tiene derecho a verificar el detalle de su remuneración.

El proyecto llega en un escenario de fuerte confrontación política. La Ley de Modernización Laboral (27.802), promulgada en marzo de 2026, estableció un régimen específico para los prestadores de servicios de movilidad y reparto a través de plataformas digitales, declarándolos trabajadores independientes y excluyéndolos de la Ley de Contrato de Trabajo . La norma les reconoce libertad de horario, de conexión y de rechazo de pedidos, y obliga a las plataformas a proveer un seguro de accidentes y mecanismos de atención a reclamos .

El proyecto de Unión por la Patria apunta directamente a revertir ese esquema. Según los fundamentos de la iniciativa, el trabajo de plataformas presenta una característica estructural que lo diferencia de cualquier otra forma de descentralización productiva: «la subordinación no se ejerce ya a través de órdenes directas del empleador, sino mediante la asignación automatizada de tareas, la calificación digital del desempeño, la amenaza implícita de desactivación de cuenta y la acumulación de datos personales y laborales del trabajador sin control ni transparencia suficientes» [c:doc1, p. 4].

Los impulsores del proyecto sostienen que la iniciativa se funda en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la doctrina del fallo «Vizzoti» de la Corte Suprema, que establece al trabajador como un «sujeto de preferente tutela constitucional». La sentencia, citada en los fundamentos, afirma que «el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquél y del bien común» [c:doc1, p. 6].

El proyecto también invoca el bloque de convencionalidad: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Declaración Universal de Derechos Humanos y los convenios fundamentales de la OIT, entre ellos el Convenio 87 sobre libertad sindical, el Convenio 98 sobre negociación colectiva y el Convenio 155 sobre seguridad y salud en el trabajo [c:doc1, pp. 7-9].

El Convenio 193, aprobado por la OIT con 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones, es el primer instrumento internacional específico para regular el trabajo en plataformas digitales . Establece derechos fundamentales como salario mínimo, acceso a la seguridad social, protección de la salud laboral, libertad sindical, y exige transparencia algorítmica y protección de datos personales .

Argentina se abstuvo durante la votación del convenio, por lo que el país deberá decidir si avanza o no con su ratificación . La Cámara Argentina de Comercio (CAC) sostuvo que el convenio «no presume una relación laboral» y que resulta «compatible con la Ley de Modernización Laboral». Sin embargo, organizaciones sindicales y sectores de la oposición sostienen lo contrario.

El diputado Hugo Yasky, uno de los impulsores del proyecto, también presentó una iniciativa para que el Congreso ratifique el Convenio 193 . Desde Página/12, la periodista Carla Pitiot sostuvo que ratificar el convenio implicaría «volver a la presunción de relación de dependencia, garantizar derechos mínimos y regular algoritmos» .

El proyecto cuenta con el respaldo de dirigentes sindicales y legisladores de Unión por la Patria. Entre los firmantes se encuentran Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Mario Manrique, Hugo Yasky (secretario general de la CTA de los Trabajadores), Blanca Osuna, José Gómez, Marina Salzmann, Natalia Zaracho, Julia Strada, Kelly Olmos y Hugo Moyano, entre otros [c:doc1, p. 14].

La iniciativa se suma a otros esfuerzos regulatorios en el mismo sentido. La provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, envió a la Legislatura un proyecto de ley para crear un «Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales», que contempla un registro de trabajadores, un seguro obligatorio de accidentes, una aplicación con botón de pánico y la regulación de las llamadas «tiendas invisibles» . También existe un proyecto de Estatuto del Trabajador de Plataformas Tecnológicas presentado por la diputada Soledad Carrizo (UCR).