Las diferencias entre empresas y gremios demoran el aumento salarial por decreto

Las diferencias entre empresas y gremios demoran el aumento salarial por decreto

La CGT y las CTA proponen un anticipo de entre 6000 y 9000 pesos a cuenta de futuros aumentos; los empresarios sostienen que la carga impositiva es muy alta y proponen pagos en cuotas

 

El bono de fin de año para los empleados de empresas privadas, acordado hace doce días por el Gobierno con los sindicatos y las principales cámaras empresarias, deberá esperar.

Al menos, hasta los primeros días del mes entrante, cuando se definan el monto y la forma de pago del pago extra, dos de los ejes de las disidencias entre las patronales y los gremios, que el presidente Alberto Fernández espera zanjar lo antes posible para dar "una buena noticia" en un contexto de recortes de gastos y suspensión de la movilidad jubilatoria, entre otras medidas para equilibrar la caja del Estado.

"Los sindicatos y las cámaras empresarias hicieron propuestas y tienen cada uno su postura. Se está en etapa de evaluación, tanto de la forma como del modo y el monto final", afirmaron a LA NACION desde el Ministerio de Trabajo, que encabeza Claudio Moroni.

Durante la reunión en la Casa Rosada, los representantes de la CGT y la CTA coincidieron en pedir una suma fija, de entre "6000 y 9000 pesos", a partir del mes próximo. La intención de la Casa Rosada es que el aumento sea remunerativo, es decir que se sume al sueldo básico y no sea una suma por única vez.

Los empresarios, en tanto, lograron en principio dilatar el pago y que este no se junte con otras obligaciones de fines de año, como el aguinaldo. También dejaron trascender que preferirían un pago en cuotas para no generar "mayor carga impositiva" sobre sus espaldas, según afirmó uno de ellos fuera de micrófono.

Los empresarios agrupados en la UIA, organizaciones que agrupan a las pymes y representantes de rubros claves como la construcción expusieron sus argumentos en una reunión a solas con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y el propio Moroni. Allí, los hombres de empresa también lograron que el eventual decreto presidencial de incremento para los privados excluya a los sectores que ya habían acordado incrementos con los gremios para el primer trimestre de 2020.

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"El bono lo va a anunciar el Gobierno en los próximos días. Ninguna cámara empresaria hizo una acotación o expresó sus reparos cuando se habló del tema. Falta definir el monto, y como sería a cuenta de futuros aumentos esto favorecería a los que están más abajo (en la escala salarial) y también a las empresas", afirmó a LA NACION Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores y uno de los protagonistas de la negociación.

Aumento a estatales

En lo que hace al también anunciado y demorado aumento a los estatales, la pelota está del lado de los intendentes y gobernadores, que tienen a su cargo el eventual pago extra. Hay aquí distintas realidades: en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, por ejemplo, existe una cláusula gatillo por la cual los salarios de los empleados públicos se ajustan de acuerdo con el índice inflacionario. Mendoza comenzó a aplicar este mes esa misma cláusula, por lo cual estas provincias descartan un bono similar al que negocian los jefes sindicales con los empresarios, con el Gobierno como intermediario.

En su último año en la gobernación bonaerense, María Eugenia Vidal acordó con los docentes encabezados por Roberto Baradel una cláusula gatillo de ajuste salarial por inflación, que luego fue imitada en otros distritos.

Y en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se prepara para anunciar, a mediados de enero, un aumento salarial de entre 13 y 15 puntos para los estatales, luego de conocer la inflación de diciembre y tomar en cuenta los incrementos que ya fueron otorgados a distintos sectores. "Los aumentos a estatales quedarán para una segunda etapa", afirmaron desde Balcarce 50.

Los eventuales incrementos salariales a privados y estatales completarían para el Gobierno un "combo" de "mejoría" para los sectores más desfavorecidos, que se sumaría a algunos puntos claves de la ley de emergencia aprobada por el Congreso, como el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, el bono de $5000 a los jubilados que cobran la mínima y que comenzaron a recibir el beneficio, y la doble indemnización por despido.

 

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